El caso SENASA ha provocado una fuerte reacción en la opinión pública. Es normal que la gente sienta enojo, preocupación y desconfianza cuando salen a la luz situaciones como esta. En momentos así, muchas veces se cae en señalar culpables de inmediato o en convertir el tema en una pelea política. Sin embargo, sin quitarle gravedad a lo ocurrido ni adelantar juicios, este caso debe verse primero como una alerta para el Estado.
No se trata de justificar errores ni de restarles consecuencias, sino de mirar hacia adelante y usar esta situación para corregir fallas y fortalecer el sistema, aplicando reformas que ya están contempladas en la ley y que aún no se han ejecutado por completo.
La prevención no significa desconfianza, significa responsabilidad. Y es aún más importante cuando hablamos de un seguro de salud público como SENASA, del que dependen millones de dominicanos. Un Estado que espera a que el problema explote para actuar siempre llega tarde; en cambio, uno que se adelanta protege mejor los derechos de la gente y mantiene la confianza de la población.
La Ley 87-01 de Seguridad Social no solo creó el sistema de seguridad social del país, también dejó claros los mecanismos de control y prevención para evitar irregularidades. Entre ellos están el Expediente Único del Afiliado, el intercambio de información entre las instituciones, el seguimiento claro de los procesos y una gestión basada en datos. Todo esto no es algo nuevo ni opcional: es lo que manda la ley, pero todavía no se ha aplicado del todo.
En una institución como SENASA, estas herramientas no son un lujo ni un asunto técnico. Son parte del deber del Estado de garantizar el derecho a la salud y de cuidar bien el dinero público, que es de todos. Cuando estos controles no funcionan como deben, el Estado pierde la capacidad de prevenir problemas y termina reaccionando tarde, con escándalos judiciales y mediáticos que afectan la confianza de la ciudadanía.
Cumplir la ley tiene el efecto contrario: reduce los abusos, mejora la supervisión, organiza la gestión y protege tanto los recursos como la credibilidad de las instituciones. Prevenir es gobernar con cabeza; corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad. Esa es la principal enseñanza que deja el caso SENASA, más allá de personas o circunstancias puntuales.
