Las autoridades dominicanas han revelado un escándalo de grandes proporciones que involucra al regidor Edickson Herrera, acusado de recibir pagos por cada kilo de cocaína enviado desde la República Dominicana hacia los Estados Unidos. Según el Ministerio Público, el funcionario habría actuado como intermediario entre una red de narcotráfico local y contactos internacionales, aprovechando su cargo político para ofrecer protección y apoyo logístico a las operaciones ilícitas.
De acuerdo con el expediente preliminar, Herrera presuntamente cobraba entre 2,000 y 5,000 dólares por cada kilo transportado exitosamente, dinero que recibía en efectivo o mediante transferencias encubiertas. Las investigaciones apuntan a que el regidor formaba parte de un entramado criminal que operaba en distintas provincias del país, utilizando rutas marítimas y aéreas para enviar la droga hacia puertos de Florida y Nueva York.
Los organismos de inteligencia identificaron transacciones financieras sospechosas, llamadas interceptadas y reuniones con supuestos líderes del narcotráfico. En varios allanamientos realizados en residencias vinculadas al regidor, las autoridades incautaron vehículos de lujo, documentos, dispositivos electrónicos y grandes sumas de dinero en efectivo. Según los fiscales, parte de esos bienes serían producto del lavado de activos.
El Ministerio Público informó que Edickson Herrera era un “punto de enlace” estratégico dentro de la estructura criminal, encargado de coordinar la logística local y evitar que las operaciones fueran detectadas. También se investiga si utilizó recursos del ayuntamiento para facilitar desplazamientos o disfrazar actividades ilícitas bajo apariencia institucional.
La defensa del regidor, sin embargo, negó rotundamente las acusaciones, calificándolas como “un ataque político” destinado a destruir su carrera. “Nuestro cliente es inocente y confía plenamente en la justicia dominicana. No existe evidencia concreta que lo relacione con el narcotráfico”, expresó su abogado mediante un comunicado.
El caso ha generado preocupación en distintos sectores sociales y políticos del país, reavivando el debate sobre la influencia del crimen organizado en las estructuras municipales. Organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios han pedido al Gobierno reforzar los mecanismos de transparencia y depuración de funcionarios para evitar que las instituciones sean utilizadas como escudos del narcotráfico.
El Ministerio Público adelantó que presentará formalmente la solicitud de medida de coerción en los próximos días, y que el proceso incluirá colaboración con agencias internacionales. De ser hallado culpable, el regidor podría enfrentar cargos por tráfico internacional de drogas, asociación de malhechores y lavado de activos, delitos que contemplan penas de hasta 30 años de prisión.
El expediente de Edickson Herrera se suma a una serie de casos recientes que exponen cómo el narcotráfico sigue encontrando espacio en la política dominicana, un problema que amenaza con socavar la confianza ciudadana y la credibilidad de las instituciones públicas.
