El abogado Jean Cristofer Pérez, representante de presuntas víctimas de una red dedicada a estafas inmobiliarias que habría defraudado a decenas de familias, expresó este martes su esperanza en que el tribunal emita una sentencia ejemplar contra los acusados.
Pérez calificó el proceso como agotador, con varios incidentes y aplazamientos y confió en que el Ministerio Público inicie la presentación de sus testigos durante esta fase del juicio de fondo.
“Este proceso ha sido muy largo y difícil, pero confiamos en que hoy se avance de forma definitiva. Las víctimas han creído en el sistema de justicia dominicano y esperan que se les haga justicia, que se emita una sentencia ejemplar y que puedan recuperar su dinero”, declaró el abogado.
Los acusados en este caos el empresario Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.
De acuerdo con la acusación, los acusados habrían conformado una estructura criminal que ofrecía proyectos inmobiliarios falsos o sin los debidos permisos legales, principalmente en el Gran Santo Domingo y otras provincias.
A través de anuncios publicitarios, redes sociales y supuestas oficinas de ventas, captaban a familias interesadas en adquirir viviendas a precios atractivos.
Los compradores entregaban altas sumas de dinero como inicial o pago total, firmando contratos aparentes de compraventa o promesas de entrega, pero los proyectos nunca se materializaban o eran propiedades inexistentes o en litigio.
Las autoridades aseguran que millones de pesos fueron defraudados en perjuicio de decenas de personas que confiaron en los promotores de la red, quienes se presentaban como empresarios del sector construcción.
El expediente indica que los implicados utilizaban empresas de fachada, documentos falsificados y maniobras legales para prolongar el engaño, prometiendo entregas de apartamentos que jamás se concretaron.
Las víctimas, representadas por varios abogados querellantes, han pedido al tribunal imponer penas severas y el decomiso de bienes para garantizar la devolución de los fondos estafados.
