En los últimos años, la farmacéutica multinacional Pfizer, uno de los gigantes más influyentes de la industria médica global, ha estado en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) por presuntas violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Las investigaciones se centraban particularmente en sus actividades en China y México, dos mercados estratégicos para la expansión de la compañía. Sin embargo, lo que parecía ser una minuciosa indagación federal dio un giro drástico con la llegada de Pam Bondi —una figura muy cercana al expresidente Donald Trump y exasesora legal externa de Pfizer— a la cabeza del DOJ.
En este contexto, vale preguntarse: ¿hasta qué punto la llegada de Bondi afectó la transparencia del sistema judicial estadounidense? ¿Fue su nombramiento un golpe mortal a la lucha contra la corrupción corporativa extranjera?
El nombramiento de Pam Bondi y la desaparición de las investigaciones
A principios de febrero, apenas tres semanas después de que Bondi asumiera como secretaria de Justicia, Pfizer presentó su informe anual ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC). Notablemente, este informe ya no hacía referencia alguna a las investigaciones en curso del DOJ sobre violaciones a la FCPA. En el siguiente informe trimestral de mayo, las menciones a estas investigaciones también habían desaparecido por completo. Para los observadores atentos, esta omisión no pasó desapercibida y fue interpretada como un claro indicio de que la investigación había sido cerrada o pausada sin notificación pública oficial.
Más revelador aún, en su primer día al frente del DOJ, Bondi modificó radicalmente las prioridades del departamento. Reduciendo el enfoque sobre los casos de corrupción extranjera —salvo que involucraran cárteles de la droga u organizaciones criminales internacionales— Bondi instauró una nueva política que afectó directamente el futuro de investigaciones como la de Pfizer. En menos de una semana, el 10 de febrero, Trump emitió una orden ejecutiva que suspendía temporalmente todas las nuevas investigaciones y acciones judiciales en casos de corrupción extranjera.
Conflictos de interés: una telaraña legal y ética
La preocupación sobre un potencial conflicto de interés entre Pam Bondi y Pfizer no se hizo esperar. Public Citizen, una organización de defensa del consumidor, envió una carta al Comité Judicial del Senado solicitando una revisión de su relación con la farmacéutica. “Esperamos que nuestros funcionarios electos estén libres de conflictos éticos”, afirmó Lisa Gilbert, codirectora del grupo. Para muchos observadores, resultaba inaceptable que alguien que había trabajado para Pfizer —y que fue remunerada generosamente por ello— ahora liderara el mismo departamento que debía fiscalizarla.
Bondi, quien fue procuradora general de Florida durante dos períodos y luego abogada de Trump durante su primer juicio político, había trabajado para Pfizer en su calidad de socia del bufete Panza Maurer en Fort Lauderdale. Aunque el Departamento de Justicia aseguró que su trabajo previo con Pfizer se limitó a un asunto legal específico en Florida, el contexto es, cuanto menos, delicado.
Además de Pfizer, Bondi también trabajó para Ballard Partners, una firma de cabildeo de gran peso político cuyo fundador, Brian Ballard, también tenía vínculos con Panza Maurer. Bondi recibió más de $200,000 por su labor en el bufete, pero no se conoce el alcance específico de sus funciones. Aunque ella firmó un acuerdo ético que le prohibía trabajar en temas directamente relacionados con antiguos clientes durante un año, muchos cuestionan si esta separación fue, en la práctica, respetada.
El historial de Pfizer en materia de corrupción
Pfizer no es ajena a los problemas legales. En 2012, la compañía fue multada por el gobierno de EE.UU. con más de $60 millones tras ser acusada de pagar sobornos a funcionarios en Rusia, Bulgaria, Croacia y Kazajistán, según lo declaró en su momento el DOJ. En 2019, tanto el DOJ como la SEC solicitaron documentos sobre sus operaciones en Rusia, como parte de una investigación más amplia.
Sin embargo, en sus reportes financieros más recientes, Pfizer ha dejado de mencionar cualquier investigación activa relacionada con estos casos. Para los expertos, esto puede interpretarse como un indicio de que las investigaciones han sido cerradas o que se considera que ya no representan un riesgo material para los inversionistas, lo cual abre la puerta a serias dudas sobre la transparencia del proceso judicial.
William Garrett, académico de la Universidad de Stanford que administra una base de datos sobre casos de FCPA, señaló que “si ya se había hablado del tema y de repente ya no se habla, probablemente se pueda inferir que la investigación está cerrada o que ya no creen que sea importante que los inversionistas lo sepan”.
Otros casos afectados por las nuevas políticas
Pfizer no fue la única beneficiada. En abril, Alina Habba, fiscal federal interina de Nueva Jersey, retiró los cargos contra ejecutivos de Cognizant Technologies, también investigados por corrupción en el extranjero. El argumento: cumplir con la nueva orden ejecutiva de Trump.
Aunque el DOJ reanudó formalmente la presentación de nuevos casos de corrupción extranjera el mes pasado, la nueva política enfatiza en perseguir a individuos y no tanto a estructuras corporativas, lo que limita significativamente el alcance de las sanciones.
La gravedad institucional y el debilitamiento del Estado de Derecho
Este caso no es solo una historia más sobre una farmacéutica poderosa. Es un síntoma de un problema mayor: la erosión del Estado de Derecho, donde la cercanía política y los intereses corporativos prevalecen sobre el interés público y la legalidad.
El hecho de que la misma persona que representó a una corporación multimillonaria pueda, al poco tiempo, dirigir el organismo que la investiga, es alarmante. Las normas éticas pueden existir en papel, pero su cumplimiento real se vuelve ilusorio si no hay mecanismos claros de control y transparencia.
Conclusión: un caso que debe encender todas las alarmas
El vínculo entre Pfizer y Pam Bondi, y las acciones tomadas por el Departamento de Justicia bajo su liderazgo, no solo deben generar sospechas, sino exigir una investigación exhaustiva e independiente. Lo que está en juego no es simplemente una política pública aislada, sino la credibilidad del sistema judicial de Estados Unidos y su capacidad para limitar los abusos del poder corporativo.
De no tomarse acciones, se sentaría un precedente peligroso: que la impunidad puede comprarse, que la ética puede negociarse, y que la justicia puede postergarse cuando los intereses económicos son lo suficientemente grandes.
¿Se trata de un caso aislado o del síntoma de una democracia corporativa cada vez más consolidada? Lo que es evidente es que la historia de Pfizer y Pam Bondi debe ser una llamada de atención para ciudadanos, legisladores y organismos de control. Porque cuando la justicia se subordina al poder económico, la democracia deja de ser tal.
