En un giro inesperado, el expresidente Donald Trump reconoció recientemente lo que agricultores, hoteleros, restauranteros y expertos económicos han venido denunciando durante años: que su política de deportaciones masivas afecta directamente a sectores esenciales de la economía estadounidense. Su declaración sobre una posible “pausa” en las redadas migratorias para ciertas industrias no ha sido acompañada de hechos claros ni de lineamientos oficiales que respalden ese supuesto cambio de enfoque.
Lejos de calmar el temor entre comunidades inmigrantes, la amenaza del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permanece vigente. En un comunicado, ICE reafirmó que las redadas “siguen siendo una piedra angular” de sus operaciones, justificándolas con el discurso de la “seguridad nacional y estabilidad económica”. Sin embargo, las acciones en terreno muestran otra realidad.
El miedo no se detiene en el campo
Incluso tras los comentarios de Trump, las detenciones continuaron en zonas agrícolas, exponiendo la falta de credibilidad de sus palabras. No es necesario arrestar a un trabajador en pleno campo para generar terror: basta con hacerlo en las calles de su comunidad, camino a casa o a la tienda.
Más allá del control migratorio, Trump ha intensificado la presión sobre estados y ciudades gobernadas por demócratas. Lo hace bajo la falsa narrativa de que dichos gobiernos permiten el voto de indocumentados o les otorgan beneficios públicos desmedidos. Esta estrategia no es nueva: es una campaña de desinformación estructurada, ideada para fortalecer su agenda antimigrante y avivar su base política.
Miller, el arquitecto de la exclusión
En el centro de esta política se encuentra Stephen Miller, exasesor de seguridad nacional y figura clave en el diseño de las estrategias más duras contra los inmigrantes durante la administración Trump. Su influencia persiste en la retórica actual: demagogia por encima de datos, miedo antes que pragmatismo, política antes que economía.
Las consecuencias de seguir este enfoque son previsibles: la economía estadounidense, que depende profundamente de la mano de obra indocumentada, se vería gravemente afectada por deportaciones masivas.
Los números detrás del mito
Según un estudio de Robert Lynch y Michael Ettlinger, de la Universidad de New Hampshire, de los 11 millones de inmigrantes indocumentados, 8 millones forman parte activa de la fuerza laboral, lo que equivale al 5% de todos los trabajadores del país. La expulsión de este segmento tendría un efecto devastador.
Otro informe del American Immigration Council cuantifica ese impacto por sector:
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1.5 millones de trabajadores en construcción
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224,700 en agricultura
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Cerca de un millón en hostelería
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870,400 en manufactura
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500,800 en servicios personales
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460,500 en transporte y almacenamiento
Además, el PIB nacional podría caer entre un 4.2% y un 6.8%, acompañado de pérdidas fiscales multimillonarias. Tan solo en 2022, los hogares de inmigrantes indocumentados pagaron:
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$46.8 mil millones en impuestos federales
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$29.3 mil millones en impuestos estatales y locales
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$22.6 mil millones en contribuciones al Seguro Social
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$5.7 mil millones a Medicare
El valor humano detrás del debate
Para quienes conocen de cerca a la comunidad inmigrante, los números son solo una parte de la historia. En ciudades como Los Ángeles, donde recientemente se han producido manifestaciones contra la política migratoria, los inmigrantes han sido, durante décadas, la columna vertebral del dinamismo económico y social.
California —la cuarta economía del mundo si se tratara de un país— no sería lo que es sin esa fuerza laboral. La autora del texto original recuerda cómo en la década de 1980, durante la amnistía firmada por el presidente Ronald Reagan, vio florecer una comunidad esperanzada, trabajadora y resiliente. Hoy, muchos de esos inmigrantes continúan aportando, sin importar su estatus legal, a todos los niveles de la vida económica y social de EE.UU.
Conclusión
Trump sabe, aunque no lo admita abiertamente, que la economía necesita a los trabajadores indocumentados. Pero los cálculos electorales y el fanatismo de figuras como Miller prevalecen sobre los datos y el sentido común. Mientras tanto, millones de familias viven bajo amenaza, y sectores clave de la economía estadounidense quedan expuestos a una crisis laboral innecesaria.
Es hora de que la política migratoria se fundamente en la realidad económica y humana del país, no en slogans de campaña ni en prejuicios ideológicos.
Nota del Editor: artículo de HispanicLA.com
