Con el inicio del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, El Salvador enfrenta una alarmante intensificación de la persecución y criminalización contra defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Ante este panorama, Amnistía Internacional designó este miércoles como personas presas de conciencia a la abogada Ruth López, el defensor ambiental Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez, y exigió su liberación inmediata e incondicional.
“Estas detenciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático que busca silenciar voces críticas y desmantelar el espacio cívico”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Según la organización, las detenciones responden a una estrategia deliberada del gobierno salvadoreño para suprimir la disidencia y consolidar el control institucional, utilizando el sistema penal como herramienta de represión.
¿Quiénes son las personas presas de conciencia?
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Ruth López, abogada y jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue arrestada el 18 de mayo de 2025 bajo acusaciones inicialmente por peculado, luego modificadas a enriquecimiento ilícito. Su detención ocurrió sin garantías judiciales y en un proceso bajo reserva, ampliamente cuestionado por instancias internacionales. En 2024, la BBC la reconoció como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo.
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Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambiental, fue detenido el 13 de mayo tras participar en una protesta pacífica contra el desalojo forzoso de la comunidad El Bosque. Desde entonces, se le ha negado el acceso pleno a su defensa legal y permanece en el penal “La Esperanza”, bajo condiciones de hacinamiento extremo e incomunicación.
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José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la Cooperativa El Bosque, fue capturado el mismo día que Henríquez. Con más de dos décadas de liderazgo comunitario, ha sido una figura clave en la organización vecinal y defensa de los derechos rurales. Su arresto busca, según Amnistía, desalentar la acción colectiva desde las comunidades.
Una política de criminalización sistemática
El retroceso democrático en El Salvador, sostiene Amnistía, se ha consolidado mediante reformas impulsadas por el oficialismo, como la destitución irregular de magistrados constitucionales y del fiscal general en 2021, la remoción forzosa de jueces mayores de 60 años, y la instauración de un régimen de excepción vigente desde 2022, prorrogado más de 39 veces sin evaluación.
“El Salvador atraviesa un punto de quiebre. Bukele ha construido una arquitectura normativa e institucional para legalizar la represión”, advirtió Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denuncia que bajo el régimen de excepción se ha desmantelado el derecho a un juicio justo, habilitando detenciones arbitrarias, jueces anónimos, prisión preventiva ilimitada y audiencias masivas. Hasta la fecha, más de 86,000 personas han sido detenidas, y se han reportado numerosas denuncias por tortura y muertes bajo custodia, sin que se hayan esclarecido.
Una ley para silenciar a la sociedad civil
El cerco contra el activismo se ha intensificado con la aprobación de la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, que impone restricciones a organizaciones sociales, grava con un 30% sus fondos internacionales y habilita su disolución arbitraria. En un país donde los contrapesos institucionales han sido desarticulados, esta ley se convierte en una herramienta de persecución legalizada.
Según la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, los ataques documentados contra defensores y periodistas se han disparado: de 100 en 2020 a 533 en 2024, un aumento del 433%.
Llamado a la acción internacional
Amnistía Internacional exhorta a la comunidad internacional a actuar con firmeza frente al giro autoritario del gobierno salvadoreño. Entre sus exigencias, pide:
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La liberación inmediata e incondicional de Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez.
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El cese del uso político del sistema penal para criminalizar la disidencia.
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La derogación de leyes represivas, como la Ley de Agentes Extranjeros.
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La restauración del debido proceso y de la independencia judicial.
“El perfil de estas tres personas refleja claramente los sectores que el gobierno busca suprimir: la defensa del medio ambiente, el liderazgo comunitario y la denuncia de la corrupción”, subrayó Callamard. La organización también expresó su solidaridad con otras víctimas de persecución política, muchas de ellas bajo vigilancia, hostigamiento o en prisión preventiva sin garantías.
“Estas garantías no son privilegios”, concluye Amnistía, “son obligaciones estatales bajo el derecho internacional”.
