Entre enero y mayo de 2025, el Gobierno Central de la República Dominicana ejecutó un gasto total de RD$ 573,629.4 millones, lo que representa un incremento del 4.4 % respecto al mismo periodo de 2024 (RD$ 549,310.5 millones).
Una mirada a la clasificación funcional del gasto permite entender cuál ha sido el destino principal de los recursos públicos:
📌 1. Intereses de la deuda – 26.5 % del gasto total
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RD$ 152,176 millones se destinaron al pago de intereses y comisiones de la deuda.
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Incluye una transferencia de RD$ 35,008 millones al Banco Central.
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Representa más de una cuarta parte del gasto público, y evidencia la creciente presión del endeudamiento sobre las finanzas públicas.
📌 2. Educación – 19.4 % del gasto total
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La función educación absorbió RD$ 111,150 millones.
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De ese monto, un 54 % fue dirigido a educación inicial, primaria y secundaria.
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Para todo 2025, educación tiene asignado un presupuesto de RD$ 309,600 millones.
📌 Otros sectores del gasto (ver gráfico)
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Energía y combustibles: Principalmente transferencias a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE).
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Justicia, orden público y seguridad: Solo 5 % del gasto total, lo que parece bajo frente a las demandas de seguridad ciudadana.
💰 Un problema estructural: gastar más de lo que se ingresa
En estos cinco meses, el país ha pagado aproximadamente US$ 2,491 millones en intereses de deuda, lo cual refleja una dependencia sostenida del financiamiento externo para cubrir gastos recurrentes. Este fenómeno es una manifestación de la «ilusión fiscal»: no se aumentan los impuestos, pero se incrementa la deuda.
📉 Una advertencia sobre el rumbo fiscal
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) advierte que el país debe transitar hacia una administración fiscal más responsable:
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En tiempos normales, como los actuales, la reducción del gasto es posible y deseable.
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En épocas de crisis, recortar el gasto se vuelve ineludible.
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Gastar menos de lo que se ingresa debe ser la meta central de toda planificación presupuestaria.
Este enfoque enviaría señales positivas a los mercados financieros, a las agencias calificadoras de riesgo, y mejoraría la confianza de los agentes económicos.
