La República Dominicana reitera en la ONU su llamado urgente ante el colapso de Haití
Por décima sexta vez, la República Dominicana volvió a utilizar su espacio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para advertir sobre la alarmante crisis que atraviesa Haití. En una intervención contundente, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, describió el escenario haitiano como un colapso acelerado en los ámbitos humano, institucional y de seguridad, con consecuencias directas no solo para la estabilidad del país caribeño, sino para toda la región.
Durante su discurso, Álvarez presentó una panorámica preocupante de la realidad en Haití: una nación dominada en gran parte por bandas armadas, con instituciones debilitadas al borde del colapso y una creciente presión migratoria que impacta de manera desproporcionada a la República Dominicana. “La situación en Haití no admite ambigüedades”, afirmó el canciller. “Esta es mi décimo sexta comparecencia ante este consejo para tratar la crisis que aqueja Haití y cuyos efectos gravemente afectan a mi país”.
Más del 80 % de la capital, bajo control de pandillas
Uno de los datos más alarmantes expuestos por el funcionario fue el dominio casi absoluto de las bandas armadas en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Según explicó, más del 80 % de la ciudad está bajo el control de grupos criminales como Izo y Gran Grif, entre otros, que operan como organizaciones terroristas. Estos grupos controlan barrios enteros, puertos estratégicos y rutas comerciales, recurriendo a drones y armamento sofisticado, y actuando al margen —y en lugar— del Estado.
Álvarez detalló que estas bandas ejercen una violencia extrema y sistemática, con especial énfasis en mujeres, menores de edad, periodistas y defensores de derechos humanos. Denunció públicamente que sus métodos incluyen decapitaciones, ejecuciones públicas, y actos de violencia sexual que calificó como indescriptibles.
Impacto directo en la República Dominicana
El canciller dominicano señaló que el costo humanitario de esta situación no recae únicamente sobre Haití. La presión migratoria, derivada del colapso social y político, representa una carga cada vez más difícil de sostener para la República Dominicana. “Estas cifras son el retrato crudo de un gran sufrimiento humano que genera una insoportable presión migratoria, económica y social sobre nuestro país, más que sobre ningún otro en la región”, advirtió.
Ante este contexto, el gobierno dominicano ha intensificado sus acciones para controlar las consecuencias colaterales de la crisis haitiana. Entre las medidas adoptadas se incluyen el refuerzo de la vigilancia fronteriza, acciones contra el tráfico de armas y personas, y la provisión de ayuda médica y logística, dentro de las posibilidades nacionales.
Una misión de apoyo que aún no despega
En su intervención, el ministro dominicano también reiteró el llamado a fortalecer la respuesta internacional a través de tres mecanismos clave: la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), el régimen de sanciones contemplado en la resolución 2653 del Consejo de Seguridad, y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), establecida mediante la resolución 2699.
Sin embargo, advirtió que esta última —la MSS— todavía enfrenta una seria falta de financiación, limitaciones logísticas y una capacidad operativa insuficiente para responder al desafío haitiano. En este sentido, propuso acoger un “modelo híbrido” en el que una oficina de la ONU asuma la administración logística y operativa de la misión, lo que permitiría dotarla de mayor efectividad y continuidad.
Unidad nacional y respaldo internacional
Álvarez resaltó que la preocupación por la situación haitiana ha generado un consenso político inédito en la República Dominicana. A principios de junio, el presidente Luis Abinader, junto con los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, enviaron una carta conjunta a los jefes de Estado de los países miembros del Consejo de Seguridad. En ella solicitaron una acción internacional inmediata y coordinada para enfrentar la crisis.
Este gesto, considerado histórico, fue mencionado por el canciller como prueba de que el liderazgo dominicano está unido frente a lo que considera una amenaza regional. También destacó el respaldo mostrado por el presidente de Kenia, William Ruto, quien recientemente expresó ante la ONU su disposición a colaborar en la estabilización de Haití.
Designación formal de bandas como terroristas
Como parte de una postura más firme, el gobierno dominicano ha designado formalmente a las principales bandas criminales haitianas como organizaciones terroristas. Entre ellas figuran Izo, Gran Grif y otras agrupaciones que, según el canciller, operan con una estructura y violencia comparables a las de organizaciones extremistas internacionales.
Álvarez también instó al Consejo de Seguridad a extender el régimen de sanciones previsto en la resolución 2653 para incluir a los líderes de estas bandas, así como a las personas, empresas y organizaciones que las financian o apoyan logísticamente. Subrayó que estos actores no solo socavan la paz en Haití, sino que representan una amenaza directa a la seguridad regional.
Conclusión
La intervención del canciller Roberto Álvarez ante el Consejo de Seguridad reafirma el papel activo de la República Dominicana en la búsqueda de soluciones multilaterales para la crisis haitiana. Al mismo tiempo, refleja la gravedad de un problema cuya dimensión desborda las fronteras de un solo país. En su llamado a la comunidad internacional, Álvarez dejó claro que el tiempo para actuar no solo es urgente, sino impostergable.
