He vivido el acoso, el robo de salarios y todas las injusticias», cuenta Yesenia Acosta, una inmigrante mexicana que trabajó durante más de dos décadas en los campos agrícolas de California. Hoy, desde la organización Líderes Campesinas, busca empoderar a otras mujeres inmigrantes que, como ella, llegaron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor, pero se enfrentan a un sistema laboral desigual y a un entorno político hostil.
La historia de Yesenia es solo una entre millones. En Estados Unidos, hay más de 23 millones de mujeres inmigrantes mayores de 16 años, de las cuales más de la mitad ya tienen ciudadanía estadounidense, según datos de la Oficina del Censo de 2023. Estas mujeres representan el 7.9% de la fuerza laboral del país, pero su participación se dispara en sectores como el trabajo doméstico (38.3%) o los salones de belleza y cuidado personal (33.2%), según el Centro Nacional para el Derecho de la Mujer (NWLC).
El miedo como compañero diario
La creciente campaña antiinmigrante impulsada por el expresidente Donald Trump ha encendido las alarmas entre comunidades inmigrantes, especialmente entre las mujeres. Redadas del ICE, políticas más agresivas y declaraciones como las del funcionario Tom Homan —quien aseguró que se expandirán masivamente las operaciones en lugares de trabajo— han generado un clima de temor generalizado.
Aunque históricamente los operativos han tenido como blanco principal a hombres en sectores como la construcción, las mujeres no están exentas del miedo. De hecho, muchas han adoptado medidas preventivas extremas: enviar a sus hijos a la escuela con dos mochilas —una para el día, otra en caso de no poder regresar a casa— o evitar salir de casa salvo por necesidad. “Cada día que van a trabajar está la duda de si regresarán a ver a sus hijos”, advierte Karla Castillo, analista del NWLC.
Trabajo esencial, poco valorado
Pese al rol vital que desempeñan en la economía, muchas mujeres inmigrantes enfrentan malos tratos, explotación laboral y desigualdad salarial. Ganan, en promedio, US$ 35,000 al año, muy por debajo de los hombres nacidos en EE.UU. (US$ 50,000), según un informe del Consejo Estadounidense de Inmigración.
Yesenia Acosta recuerda cómo le negaban pagos acordados en los campos y cómo debía ceder sus espacios de trabajo a hombres. “Podemos hacer lo mismo que ellos y merecemos el mismo salario”, afirma. Además del trabajo en el campo o en casas, estas mujeres muchas veces asumen tareas domésticas en sus propios hogares, sin reconocimiento ni remuneración.
Blanca Pérez, inmigrante guatemalteca con más de 20 años en el país y dueña de una empresa de limpieza, coincide en que muchas veces sus labores son subestimadas. “Hay clientes que no valoran el trabajo y quieren pagar menos de lo justo. Pero uno sigue adelante, porque hay hijos y familias que dependen de nosotras”, cuenta.
Violencia y vulnerabilidad en aumento
Las mujeres inmigrantes enfrentan múltiples formas de violencia: económica, psicológica, verbal y de género. Muchas vienen de contextos marcados por el machismo y arrastran traumas no reconocidos. Acosta relata que durante años creyó que merecía el maltrato. “No entendía lo que era el acoso. Venía de un entorno donde eso era normal”, expresa.
A esto se suma la fragilidad de sus condiciones migratorias. Muchas dependen de sus parejas para mantener su estatus legal, lo que agrava situaciones de abuso y limita su capacidad de denunciar o huir.
La ofensiva migratoria de Trump también impactó en lugares considerados tradicionalmente “seguros”, como iglesias o escuelas, donde antes las autoridades evitaban realizar arrestos. Según la Universidad de Georgetown, desmantelar estos espacios ha debilitado las redes comunitarias que protegían a mujeres y niñas de la violencia de género.
La paradoja del sistema: indispensables pero perseguidas
El mismo gobierno que impulsa medidas antiinmigrantes reconoce, en palabras del propio Trump, que sectores como la agricultura y la hotelería se verían gravemente afectados sin trabajadores inmigrantes. “Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los criminales de EE.UU.”, escribió en redes sociales. Incluso propuso un “pase temporal” para trabajadores en áreas críticas.
Expertos advierten que esta doble moral pone en riesgo la estabilidad económica. “Las medidas no solo perjudican a los inmigrantes, también amenazan sectores enteros como el de los cuidados, la salud y el trabajo agrícola”, señaló Castillo.
Soñar no es un delito
A pesar del temor y las adversidades, mujeres como Yesenia Acosta y Blanca Pérez insisten en luchar y apoyar a sus comunidades. “Vinimos con un sueño, y soñar no es un delito. Solo queremos trabajar y cuidar de nuestros hijos”, dice Acosta. Mientras que Blanca Pérez concluye: “No se vale que nos traten como delincuentes. Todos tenemos derecho a sobrevivir y no estamos haciendo daño a este país”.
