La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este viernes un fallo crucial al alinearse con la petición de la Administración de Donald Trump para levantar los bloqueos judiciales impuestos en tribunales inferiores, que frenaban su intento de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esta decisión representa una victoria significativa para el expresidente y abre la puerta a que decenas de demandas contra sus políticas migratorias puedan verse afectadas en todo el país.
Con un marcador de seis votos a favor y tres en contra —estos últimos de las juezas progresistas—, la Corte reafirmó que las suspensiones de carácter nacional dictadas por jueces de tribunales menores exceden, probablemente, la autoridad equitativa que el Congreso ha conferido a los tribunales federales. En otras palabras, la máxima instancia judicial del país limita la capacidad de los juzgados inferiores para emitir bloqueos de alcance nacional que impidan la ejecución de órdenes del poder ejecutivo.
Aunque el tribunal no entró a analizar el fondo del decreto de Trump —que pretende modificar la interpretación constitucional del derecho automático a la ciudadanía para hijos nacidos en suelo estadounidense, negándola a descendientes de padres indocumentados o con permisos temporales—, sí estableció un precedente que restringe la competencia de los jueces federales menores para suspender órdenes presidenciales a nivel general.
El caso en cuestión involucra bloqueos temporales a la orden de Trump dictados en tribunales federales de Maryland, Washington y Massachusetts, donde jueces independientes consideraron que el presidente carecía de facultad para alterar un derecho consagrado en la Constitución. En respuesta, la jueza conservadora Amy Coney Barrett —voto clave en esta decisión— señaló que los tribunales federales no ejercen una supervisión absoluta sobre el poder ejecutivo, sino que deben limitarse a resolver casos conforme a la autoridad otorgada por el Congreso.
Barrett enfatizó: “Cuando un tribunal determina que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no puede ser que el tribunal también exceda su propio poder”, apuntando a los límites que deben regir la intervención judicial frente a decisiones del gobierno.
La jueza también estableció que la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento, que actualmente está suspendida mientras se revisan los procesos legales, no podrá entrar en vigor hasta 30 días después de esta opinión. Este margen temporal podría ser aprovechado por los demandantes para explorar vías legales más amplias, como demandas colectivas que impugnen la orden presidencial.
Las implicaciones son enormes: según estudios del Migration Policy Institute, alrededor de 255,000 bebés nacidos cada año podrían verse afectados por esta restricción al derecho constitucional consagrado en la Enmienda 14, un derecho que sus detractores sostienen como inviolable e irrenunciable.
La decisión provocó una reacción vehemente por parte de las juezas disidentes. Sonia Sotomayor, desde el estrado y en un gesto poco común, expresó su profundo desacuerdo, alertando sobre la renuncia de la Corte a su papel fundamental en la defensa del Estado de derecho. “El Estado de derecho no es un regalo que pueda darse por sentado. Solo perdurará si quienes tienen el valor en cada rama del gobierno luchan por su supervivencia. Hoy, la Corte abandona esa responsabilidad vital”, declaró con firmeza.
Por su parte, Ketanji Brown Jackson advirtió que este fallo podría abrir la puerta para que el Ejecutivo viole los derechos constitucionales de individuos no directamente nombrados en los litigios, calificando la decisión como una amenaza existencial para el orden jurídico estadounidense. Jackson señaló que la Administración, al centrar el debate en cuestiones técnicas sobre la autoridad judicial y no en el mérito del decreto, busca ocultar “una cortina de humo” para ejercer un poder arbitrario e ilimitado, contraviniendo los principios fundamentales que inspiraron la Constitución.
Este fallo cobra aún más relevancia al recordar que limitar la ciudadanía automática para los hijos de migrantes indocumentados fue una promesa central de campaña de Donald Trump, quien, al asumir su segundo mandato, firmó inmediatamente esta orden ejecutiva como parte de su agenda migratoria restrictiva y de mano dura.
En suma, la Corte Suprema no solo ha dibujado los límites de la intervención judicial sobre el Ejecutivo en temas migratorios, sino que también ha reabierto un debate fundamental sobre la definición y los alcances del derecho constitucional a la ciudadanía en la nación más poderosa del mundo.
