Participación Ciudadana ha emitido un documento que aclara lo que establece la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio y su reglamento, subrayando la necesidad de aplicar un régimen de consecuencias para que los funcionarios designados y electos no se burlen de la ciudadanía. Hoy, es noticia de primera plana que el presidente de la República ha otorgado un plazo de 15 días a los funcionarios de su administración para que presenten dicha declaración, advirtiéndoles que serán suspendidos o cancelados en caso de no hacerlo.
Sin embargo, esto no es lo que establece la ley. Las decisiones del presidente no pueden estar por encima de la ley, especialmente en un día en que utilizó el foro de las Naciones Unidas para abogar por un fortalecimiento en la lucha contra la corrupción. No hay mayor lucha contra la corrupción que cumplir con la ley, sin importar de qué ley se trate.
Es importante recordar que, a diferencia de los funcionarios designados el 16 de agosto, los legisladores sabían desde hace cuatro meses que debían presentar esa declaración. Los pocos legisladores que lo hicieron a tiempo señalaron que no fue difícil, y la Cámara de Cuentas ha reiterado que no ha habido cambios en la ley ni en los requerimientos. Sin embargo, algunos honorables optaron por montar una campaña contra el órgano regulador, intentando presentarse como víctimas.
Lo que corresponde frente a los funcionarios que no cumplieron con la declaración y que no han iniciado el proceso es clasificar su situación como «Declaración Tardía» y remitirla al Ministerio Público para una investigación. Participación Ciudadana ha solicitado a la Cámara de Cuentas que informe a la ciudadanía si se ha cumplido con la obligación legal de enviar los casos correspondientes al Ministerio Público, así como a los funcionarios encargados de aplicar la sanción de retener el salario hasta que se cumpla con lo debido, sin renunciar a las acciones penales que la norma prevé en caso de falsedad en la información contenida en la declaración.
Cabe destacar que solo una solicitud de investigación de un legislador o funcionario electo que se niegue a declarar sus bienes es noticia, y habrá que sentarse a esperarla.
