La comisión bicameral del Congreso Nacional que estudia el proyecto de ley del nuevo Código Penal ha alcanzado un significativo avance al analizar más de 200 artículos de un total que supera los 400 contenidos en la propuesta legislativa. Este proceso legislativo, de gran trascendencia para el sistema jurídico dominicano, se desarrolla con la intención clara de lograr la aprobación del nuevo Código Penal en la actual legislatura, la cual concluirá formalmente el próximo 26 de julio.
Con la finalidad de agilizar el trabajo, los 33 congresistas que integran esta comisión —compuesta por 11 senadores y 22 diputados— han acordado una estrategia que consiste en dejar para el final aquellos artículos que generan mayor controversia y que requieren un análisis más profundo y detallado. Aunque el ritmo de discusión es constante y adecuado, el diputado Wandy Batista, quien se desempeña como subcoordinador de la comisión, enfatizó que la prioridad no es acelerar la aprobación sino garantizar que el Código Penal aprobado sea integral y sirva efectivamente a los intereses del país y de la sociedad dominicana. Batista manifestó que prefieren tomarse el tiempo necesario, incluso si eso implica extender la discusión una semana más, con tal de asegurar la calidad y el impacto positivo del nuevo marco penal.
Durante las sesiones recientes, se abordaron temas sensibles y fundamentales dentro del Código Penal. Por ejemplo, se discutió el artículo relativo a la falsedad documental, cuya pena actual establece una sanción de entre uno y dos años de prisión. Algunos analistas y legisladores consideraron que esta pena resulta demasiado leve dadas las implicaciones de estos delitos, por lo que se está evaluando la posibilidad de endurecer las sanciones bajo circunstancias específicas que agraven la conducta delictiva. Además, la comisión revisó y debatió otros capítulos relacionados con delitos como el proxenetismo, la explotación sexual, las conductas ilícitas en el ámbito digital como los delitos electrónicos, y las violaciones a la privacidad y la intimidad, entre otros aspectos.
Este proceso de análisis y revisión llega en un momento en que diversos sectores sociales, académicos y comunitarios han expresado su preocupación y han solicitado al Congreso que se fortalezca el marco legal dominicano, en particular para responder con mayor rigor a conductas delictivas que afectan la seguridad y el orden público. La urgencia de esta reforma se fundamenta en el hecho de que el actual Código Penal tiene su origen en el año 1884, y desde entonces ha requerido múltiples actualizaciones para adecuarse a los nuevos desafíos sociales y jurídicos.
En este contexto, el presidente Luis Abinader ha reiterado en diversas ocasiones la importancia de modificar tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal para endurecer las penas de ciertos delitos que hoy en día no cuentan con sanciones suficientemente disuasorias ni protectoras para la sociedad. Durante su participación en el programa LA Semanal con la Prensa, el mandatario hizo hincapié en que las leyes vigentes no están alineadas con las demandas actuales en materia de seguridad y justicia, por lo que ha impulsado modificaciones para fortalecer la capacidad del Estado de responder eficazmente frente a la criminalidad.
Por otra parte, Ricardo de los Santos, presidente del Senado, informó que una vez que la comisión bicameral finalice el informe correspondiente, se procederá a presentar el proyecto de Código Penal al Pleno del Congreso para su lectura íntegra. Este paso es fundamental porque permitirá que senadores y diputados tengan la oportunidad de examinar detenidamente el texto completo, realizar observaciones y sugerir modificaciones antes de someterlo a las dos votaciones necesarias para su aprobación definitiva. Tras la aprobación legislativa, el documento será remitido al Palacio Nacional para la promulgación oficial por parte del presidente Abinader, convirtiéndose así en la nueva norma que regirá el sistema penal dominicano.
Este proceso legislativo marca un momento crucial en la modernización del sistema judicial en la República Dominicana, con el propósito de adaptar las leyes penales a los retos contemporáneos y mejorar la respuesta del Estado frente a la criminalidad, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la justicia en todos los niveles. La expectativa es que el nuevo Código Penal refleje un equilibrio entre la protección de la sociedad, el respeto a las garantías fundamentales y la aplicación de sanciones proporcionales y efectivas para quienes cometan delitos.
