Santo Domingo, R.D. – Desde el pasado 27 de febrero, cuando fueron reanudados los trabajos legislativos tras la rendición de cuentas presidencial, el Congreso Nacional ha estado inmerso en una fase marcada por fuertes debates, bloqueos tácticos y posiciones encontradas, debido al estudio de varios proyectos de ley controversiales que no han logrado alcanzar el consenso necesario para su aprobación.
En ambas cámaras legislativas, senadores y diputados han chocado en torno a iniciativas claves para el gobierno y la oposición, entre ellas:
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El proyecto de ley de reforma fiscal, impulsado por el Poder Ejecutivo, que propone nuevos esquemas impositivos, pero ha sido duramente criticado por sectores empresariales y bloques opositores por su posible impacto sobre la clase media y trabajadora.
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La ley de partidos políticos y régimen electoral, que plantea modificaciones al financiamiento de las campañas, la paridad de género y la distribución de escaños, y ha sido objeto de intensas negociaciones sin que se logre acuerdo entre las fuerzas políticas.
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La propuesta de una nueva ley de seguridad social, con miras a reformar las AFP y ARS, que ha sido apoyada por algunos gremios pero rechazada por otros actores del sistema.
Además, el Congreso ha enfrentado críticas por la lentitud en la aprobación de otras iniciativas, como la ley de ordenamiento territorial, la ley de agua, y un nuevo código penal, cuyo debate se ha estancado en puntos sensibles como la despenalización del aborto y los delitos de corrupción administrativa.
“Hay una clara dificultad para construir consensos, tanto por diferencias ideológicas como por intereses partidarios de cara al próximo ciclo electoral”, afirmó un analista político consultado por medios locales.
Las prolongadas discusiones y posturas inflexibles también han generado tensión en las comisiones bicamerales, que en muchos casos han tenido que solicitar prórrogas o han devuelto los proyectos al pleno sin informe favorable.
A pesar de los esfuerzos del liderazgo congresual por avanzar en la agenda legislativa, la falta de acuerdos ha ralentizado significativamente la producción normativa y ha provocado que temas prioritarios para diversos sectores de la sociedad permanezcan estancados.
Se espera que en las próximas semanas se convoquen mesas de diálogo interpartidarias con la mediación de representantes del Poder Ejecutivo y la sociedad civil, en un intento por destrabar algunos de los puntos más críticos y permitir que el Congreso cumpla con su función normativa de forma más eficiente.
