La familia de Mohamed Sabry Soliman, el hombre acusado de perpetrar un ataque con bombas incendiarias durante una manifestación proisraelí en Boulder, Colorado, será deportada, según confirmó este martes la Casa Blanca a través de su cuenta oficial en la red social X.
En el mensaje, acompañado por una imagen del rostro de Soliman y otra fotografía suya sin camisa en el lugar del ataque, se indicó que su esposa y sus cinco hijos han sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y están bajo custodia para su deportación inmediata. Aunque el comunicado no especifica el país de destino, fuentes extraoficiales señalan que la familia podría ser repatriada «esta misma noche».
«La esposa y los cinco hijos del inmigrante ilegal Mohamed Soliman, sospechoso del ataque con bombas incendiarias antisemitas contra ciudadanos estadounidenses de origen judío, fueron capturados y ahora están bajo custodia del ICE para su deportación rápida», reza la publicación oficial.
Declaraciones oficiales y contexto político
La medida se da luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtiera que la Administración Trump revocará visas y procederá a deportar a terroristas y a sus familiares o simpatizantes que se encuentren en territorio estadounidense, como parte de una política de tolerancia cero frente a actos de violencia de carácter extremista.
«A la luz del horrible ataque de ayer (domingo), todos los terroristas, sus familiares y simpatizantes que estén aquí con una visa deben saber que, bajo la Administración Trump, los encontraremos, revocaremos sus visas y los deportaremos», expresó Rubio también a través de X.
Mohamed Sabry Soliman enfrenta múltiples cargos federales, incluyendo intento de asesinato, uso de artefactos explosivos y delitos de odio, en relación con el ataque ocurrido el domingo durante una concentración en apoyo a Israel. Las autoridades aún investigan si Soliman actuó solo o como parte de una red más amplia.
Debate migratorio y reacciones
El caso ha reavivado el debate en torno a la inmigración ilegal y la seguridad nacional. Voceros de organizaciones pro derechos humanos han expresado preocupación sobre la deportación de familiares sin que se establezca un vínculo directo con el crimen cometido.
Mientras tanto, desde el gobierno federal se ha insistido en que la seguridad ciudadana es prioritaria y que estas acciones buscan prevenir la radicalización y la violencia en suelo estadounidense.
