La Cámara de Cuentas realizó una exhaustiva auditoría al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con respecto a los estados de ejecución presupuestaria entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019. El informe de auditoría revela múltiples hallazgos que apuntan a la violación de principios fundamentales de transparencia y normativa institucional, lo que ha llevado a la Cámara de Cuentas a remitir el documento al Ministerio Público para su revisión, debido a las posibles responsabilidades «administrativas y penales» de los funcionarios involucrados en dicho período.
Hallazgos clave
Uno de los hallazgos más significativos en el informe publicado el lunes tiene que ver con un contrato de arrendamiento financiero firmado entre el MICM y el Banco de Reservas por un monto de 1,464,750,000 pesos, destinado a la adquisición de un inmueble perteneciente a la empresa Diseño Integral SRL. Según la Cámara de Cuentas, este contrato fue suscrito sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, lo que constituye una clara irregularidad.
Inconsistencias en los informes de tasación
El informe de auditoría destaca que el contrato de compraventa, fechado el 19 de enero de 2017, fue por una suma que excedió de manera considerable la valoración inicial del inmueble según los informes de tasación realizados por el Banco de Reservas. En particular, se identificaron las siguientes inconsistencias:
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Informe de tasación (GV-2016-3257): El 16 de diciembre de 2016, el Banco de Reservas tasó el inmueble en 814,595,488.88 pesos.
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Contrato de compraventa: El 19 de enero de 2017, se firmó el contrato con Diseño Integral SRL por un monto de 31,000,000 dólares (equivalentes a 1,464,750,000 pesos, calculado a una tasa de cambio de 1 dólar = 47.25 pesos).
La Cámara de Cuentas subraya que la diferencia de 650,154,512 pesos entre el monto tasado en el informe bancario y el valor establecido en el contrato de compraventa no cuenta con una justificación o sustentación válida. Este desajuste pone en evidencia que el monto pactado en el contrato fue significativamente superior al valor real del inmueble según las tasaciones oficiales.
Responsabilidad administrativa y penal
La Cámara de Cuentas considera que estos hallazgos comprometen la responsabilidad de los funcionarios del MICM durante la administración del período investigado, y por ello ha solicitado al Ministerio Público que tome las medidas correspondientes para determinar las responsabilidades legales y administrativas derivadas de las irregularidades detectadas.
Con la remisión del caso al Ministerio Público, el informe de auditoría busca garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, así como la rendición de cuentas sobre las decisiones tomadas en torno a este contrato, que podría tener implicaciones legales para los responsables de la firma del acuerdo.
