El 27 de mayo de 2025, el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., anunció que el gobierno dejaría de recomendar las vacunas contra el COVID-19 para niños y mujeres embarazadas sanas, retirándolas del calendario de inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esta decisión se justifica en la falta de datos clínicos suficientes y se alinea con políticas adoptadas por otros países como Reino Unido y Australia, que también han limitado las recomendaciones a grupos de alto riesgo.
Sin embargo, esta medida ha generado controversia entre expertos en salud pública. Organizaciones como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Academia Americana de Pediatría han advertido que el COVID-19 representa riesgos significativos durante el embarazo y en la infancia, y que la vacunación sigue siendo una herramienta crucial para prevenir enfermedades graves.
Además, la decisión fue tomada sin la participación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) y sin una revisión formal por parte de la FDA, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la confianza pública en las políticas de vacunación.
Por otro lado, la FDA continúa recomendando las vacunas para mujeres embarazadas y personas con condiciones de salud subyacentes, y se espera que el ACIP emita nuevas directrices en junio para abordar estas discrepancias.
En resumen, aunque la administración Trump ha adoptado una postura más restrictiva respecto a las vacunas contra el COVID-19, la comunidad médica sigue defendiendo su uso en grupos vulnerables, subrayando la importancia de mantener la protección frente a la enfermedad.
