La tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set, ubicada en la avenida Independencia del Distrito Nacional, continúa generando consecuencias legales y sociales de gran magnitud. El incidente, provocado por el colapso del techo durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien falleció en el hecho, dejó un saldo de 233 personas muertas y más de 260 heridas.
A raíz de este suceso, se han interpuesto 41 demandas penales con constitución en actor civil contra el empresario Antonio Espaillat, propietario del establecimiento, así como contra su administradora, Ana Grecia López. Las querellas abarcan cargos por homicidio involuntario, negligencia estructural y daños materiales, incluyendo además dos denuncias por robo de pertenencias personales de víctimas. Estas fueron depositadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional, que coordina actualmente la investigación junto al Ministerio Público.
El 7 de mayo, como parte de las medidas cautelares, el Ministerio Público incautó el inmueble donde funcionaba el centro de entretenimiento, con el propósito de evitar la dispersión de activos del conglomerado empresarial de Espaillat.
La lista de fallecidos incluye figuras públicas y personalidades influyentes, entre ellas:
-
Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia Monte Cristi.
-
Los exjugadores de Grandes Ligas: Octavio Dotel y Tony Blanco.
-
Nelffisis Calwany Sánchez Brea, esposa del exbeisbolista Tony Blanco, de 26 años y madre de un bebé de seis meses.
-
Eduardo José Grullón Viñas, presidente de AFP Popular.
-
Brian Saldaña, director de producción de Color Visión, quien perdió a su esposa durante el desastre.
Según estimaciones oficiales, al momento del colapso, más de 515 personas se encontraban dentro del establecimiento, a pesar de que la estructura no contaba con las condiciones para soportar tal cantidad de personas ni con los permisos de remodelación requeridos, según ha confirmado la Alcaldía del Distrito Nacional.
Como parte de las acciones legales internacionales, el bufete Silva & Silva Attorneys and Counselors at Law será el encargado de gestionar una demanda colectiva en los Estados Unidos contra los propietarios de la discoteca, acción que lidera el productor Brian Saldaña. Esta demanda busca justicia para las víctimas y sanciones ejemplares para los responsables, tanto por la negligencia estructural como por las presuntas violaciones administrativas en el manejo del local.
La tragedia ha provocado un llamado generalizado a revisar las normativas de seguridad en lugares de ocio, así como los protocolos de inspección municipal, mientras el país sigue consternado ante una de las peores catástrofes humanas en su historia reciente.
