La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), en conjunto con representantes de la industria de la música afiliados al gremio, depositó este lunes en el Congreso Nacional un anteproyecto de ley que busca regular el uso de música a alto volumen en espacios públicos y prohibir el ruido excesivo en zonas residenciales, con el objetivo de preservar la paz ciudadana sin limitar el derecho al entretenimiento.
La propuesta legislativa plantea la creación de zonas de tolerancia musical, espacios previamente autorizados por las alcaldías y otras autoridades locales, donde se permitiría el uso de música con altos decibeles en horarios controlados.
“Entendemos que la ciudadanía tiene que vivir en paz, y esta iniciativa busca equilibrio entre el derecho al descanso y el derecho a disfrutar de la música”, expresó Iván García, presidente de la FDC, durante la entrega del documento.
Origen del anteproyecto
La iniciativa surge como una respuesta al incremento de denuncias ciudadanas sobre la contaminación sónica en sectores residenciales, así como a los conflictos sociales derivados de los operativos policiales de incautación de bocinas y equipos de sonido.
En los últimos meses, propietarios de equipos de audio han denunciado supuestos abusos de poder por parte de agentes de la Policía Nacional, alegando el uso desproporcionado de la fuerza, decomisos sin orden judicial y violaciones al debido proceso durante intervenciones realizadas en colmadones, vehículos y espacios públicos.
García calificó como preocupante que muchos de estos procedimientos “se ejecutan sin amparo legal ni respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos”, lo que, a su juicio, viola la Constitución y genera tensiones innecesarias entre las autoridades y los sectores productivos vinculados al entretenimiento.
Lo que plantea el anteproyecto
El borrador de ley contempla, entre otros puntos:
La prohibición expresa de música a alto volumen en zonas residenciales, centros hospitalarios, escuelas y lugares sensibles, especialmente durante horarios nocturnos.
La creación de zonas de tolerancia sonora en cada municipio, autorizadas y reguladas por las autoridades locales, donde se permitirá el uso de música amplificada hasta horarios específicos.
El establecimiento de un régimen de sanciones graduales, con multas y medidas administrativas en vez de incautaciones inmediatas, salvo en casos de reincidencia o flagrante violación.
La obligación de las autoridades de contar con una orden judicial previa para el decomiso de equipos, salvo que haya riesgo inminente para la salud o la seguridad pública.
Llamado al Congreso
La Federación hizo un llamado a los legisladores a que prioricen el conocimiento de esta iniciativa, que —según señalaron— representa una solución “justa, equilibrada y moderna” al creciente problema del ruido en espacios urbanos.
García aseguró que el proyecto fue elaborado con el aporte de abogados constitucionalistas, técnicos en acústica y representantes del sector cultural, y subrayó que no busca coartar el derecho a la expresión musical ni la actividad económica de negocios vinculados al entretenimiento, sino establecer reglas claras para una convivencia más armónica.
