La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas han arrestado y sometido a la justicia a Víctor Valentín Álvarez Tapia, el conductor del vehículo en el que murieron 13 haitianos indocumentados, incluidos dos menores de edad. El trágico incidente ocurrió cuando el vehículo se volcó y cayó en las aguas del canal de riego Cañeo, en el municipio de Esperanza, provincia Valverde.
El Ministerio Público ha solicitado a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que imponga prisión preventiva a Álvarez Tapia como medida de coerción.
Con la detención de Víctor Valentín Álvarez Tapia, son ya 10 los miembros de una estructura criminal que han sido sometidos a la justicia por el tráfico de inmigrantes haitianos. Álvarez Tapia es un importante miembro de una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes, especialmente haitianos indocumentados. Esta red fue desarticulada a finales de abril de este año por la Fiscalía y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, tras la identificación y detención de la mayoría de sus integrantes.
El Ministerio Público pudo constatar la participación de Álvarez Tapia en el accidente del 6 de agosto de 2023, donde murieron 13 haitianos indocumentados, entre ellos nueve hombres, dos mujeres y dos niños (uno de 3 meses y otro de 4 años). El accidente ocurrió cuando Álvarez Tapia perdió el control de una yipeta Toyota Runner blanca, que cayó al canal Cañeo en Peñuela, municipio Esperanza, provincia Valverde.
La solicitud de medidas de coerción presentada por la Fiscalía de Santiago ante el Juzgado de Atención Permanente detalla que esta organización cruzaba irregularmente a cientos de haitianos por la frontera dominico-haitiana en Dajabón, y luego los trasladaba a la provincia Valverde. Desde allí, Álvarez Tapia, hijo de la también imputada Ramona Salvadora Tapia Flores, alojaba a los inmigrantes en diferentes lugares hasta que coordinaba su traslado a Santiago y otras ciudades del país, exigiéndoles entre 8,000 y 17,000 pesos dominicanos por el servicio.
Los miembros de esta estructura criminal acumulaban bienes materiales como resultado de sus actividades ilícitas, incluyendo vehículos, viviendas, terrenos y otras propiedades.
Álvarez Tapia enfrenta cargos provisionales por violación de los artículos 2 y 7 (literales C, D y E) de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como el artículo 2 (numeral 11) y 3 (letras A, B y C) de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado dominicano.
