La operación fue revelada tras la denuncia de la Dra. Dominga Tavárez Álvarez, directora del hospital municipal de Nizao, quien alertó sobre la falsificación de su firma en certificaciones de nacidos vivos, utilizadas para emitir actas de nacimiento fraudulentas. Estas actas fueron empleadas para registrar a niños haitianos como nacionales dominicanos, un procedimiento ilegal que fue llevado a cabo por funcionarios públicos y empleados de la Junta Central Electoral (JCE).
Las investigaciones señalan que la red también utilizaba la suplantación de identidades de dominicanos fallecidos para asignarlas a ciudadanos haitianos, facilitando así la obtención de documentos oficiales en el país. Además, se descubrió que una supuesta fundación dedicada a la atención de personas con discapacidades estaba involucrada en el proceso de falsificación.
Seis personas han sido detenidas y sometidas a la justicia, entre ellas empleadas de la JCE y la encargada de la Oficialía del Estado Civil de Nizao, María del Carmen Arias Castillo, quien se encuentra prófuga. Las autoridades continúan la investigación para identificar a otros posibles implicados en esta red de corrupción que ha afectado la integridad del sistema de registro.
La Junta Central Electoral ha expresado su apoyo a las judiciales y ha reiterado su compromiso con el combate a las violaciones de la ley que afectan la legalidad del Registro Civil Dominicano. Este caso resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de control y prevención de fraudes en los procesos.
