La eventualidad de que Naciones Unidas inicie conversaciones con una de las estructuras delictivas de mayor peligrosidad en Haití ha reavivado una discusión que supera los límites de ese territorio: la viabilidad de que una entidad global entable diálogo con agrupaciones imputadas por raptos, homicidios y distintas infracciones severas sin brindarles reconocimiento político ni menoscabar los procesos judiciales.

Wilson Joseph, denominado Lanmò San Jou y máximo dirigente de la agrupación 400 Mawozo, ha requerido la mediación de la ONU a fin de iniciar negociaciones con las tropas internacionales apostadas en suelo haitiano. No obstante, aun cuando el cabecilla expresa disposición para acoger a una comitiva, no figura constancia de que la entidad internacional haya admitido su planteamiento ni contemple el traslado de negociadores hacia Haití.

El vocero de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, corroboró el lunes 2 de noviembre la recepción de un documento firmado por Joseph, aunque precisó que dicha recepción no equivale a otorgarle validez al remitente, dar conformidad al mensaje ni disponer una resolución sobre el petitorio.

La aclaración cobra relevancia ante los pronunciamientos del cabecilla, quien procura situar la vía negociada como opción contrapuesta al incremento de las acciones armadas en los alrededores de Puerto Príncipe.

El requerimiento surge en un contexto de intensificación de las labores de seguridad y de crecientes fricciones entre los grupos delictivos y los efectivos nacionales e internacionales destacados en Haití.

En su misiva, Joseph asegura haber mostrado disposición pacífica desde el 20 de agosto y manifiesta estar en condición de tomar parte en conversaciones orientadas a pactar un entendimiento pacífico.

El dirigente de la banda también previene acerca de las eventuales repercusiones de los operativos contra los grupos armados y aduce el resguardo de los pobladores como fundamento central de su planteamiento.

A pesar de ello, 400 Mawozo posee un historial delictivo caracterizado por secuestros y cobros de extorsión. Su dirigente está acusado en Estados Unidos por infracciones ligadas a la toma de rehenes, abarcando el secuestro de 17 misioneros internacionales en octubre de 2021. Washington mantiene una compensación económica de hasta un millón de dólares a cambio de datos que faciliten su aprehensión.

Joseph se encuentra asimismo incluido en el listado de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, factor que incorpora trabas de índole legal y política ante cualquier intento de aproximación.

Pese a que las tratativas con agrupaciones delictivas suscitan cuestionamientos, Naciones Unidas cuenta con un dilatado historial de intercambios con actores armados no estatales, entre los que figuran movimientos de insurrección, milicias y estructuras que ejercen dominio territorial mediante el uso de la fuerza.

No obstante, persiste un contraste sustancial entre entablar diálogo con una guerrilla orientada a metas de carácter político y gestionar contactos con una red delictiva volcada a secuestros, extorsiones y contrabando.

Una investigación difundida por la Brookings Institution en 2021, titulada "UN engagement with nonstate armed groups for the sake of peace: Driving without a roadmap", señala que los delegados de Naciones Unidas entablan comunicación con entidades armadas con el fin de evitar enfrentamientos, viabilizar la asistencia humanitaria y propiciar convenios de pacificación.

El informe precisa que tales aproximaciones no significan obligatoriamente una validación política, al tiempo que previene que determinadas agrupaciones procuran emplear los contactos con instituciones internacionales para afianzar su imagen pública.

Haití posee antecedentes propios sobre misiones internacionales enfocadas en combatir grupos armados. Entre 2004 y 2017, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) ejecutó maniobras orientadas a recuperar la seguridad, respaldar las instituciones públicas y disminuir los índices delictivos de las pandillas.

En los años 2006 y 2007, sus efectivos efectuaron intervenciones contra bandas armadas en Cité Soleil, una de las zonas de mayor peligrosidad en Puerto Príncipe. Dichas acciones facilitaron recobrar áreas bajo dominio pandillero y mermar de forma transitoria su accionar.

Sin embargo, los logros no perduraron. Posterior al repliegue de la misión, las redes delictivas retomaron su expansión, sacaron provecho de la fragilidad institucional y consolidaron su influencia en extensos sectores de la ciudad capital.

El proceso evidenció las restricciones de un plan enfocado únicamente en la recuperación de áreas geográficas sin lograr que el aparato estatal haitiano generara competencias aptas para preservar el orden público de manera constante.

La evaluación del desempeño de la Minustah abarca además severos cuestionamientos, entre los que destacan el brote de cólera asociado a contingentes de la fuerza internacional y los señalamientos de vulneraciones sexuales imputados a miembros de la operación.

Pese a registrar progresos puntuales en ciertas etapas, la intervención no obtuvo la instauración de bases sólidas que previnieran la posterior reactivación de los grupos criminales.

El paralelismo cobra validez ante el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por el Consejo de Seguridad, cuyo cometido trasciende el enfrentamiento a las estructuras delictivas al abarcar la asistencia para que el Estado haitiano recobre la gobernanza efectiva sobre su demarcación.

Entre los precedentes de mayor relevancia en cuanto a mediación propiciada por Naciones Unidas figura El Salvador, escenario donde la entidad desempeñó una labor determinante en las pláticas que culminaron con doce años de contienda bélica interna.

En 1989, las autoridades de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) requirieron la intermediación de la Secretaría General de la ONU con el propósito de conducir el diálogo.

La iniciativa concluyó con la suscripción de los Acuerdos de Paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992, instrumento que viabilizó la desincorporación de los integrantes armados y la constitución del FMLN como agrupación política.

De igual modo, la ONU constituyó la misión ONUSAL con el fin de constatar el cumplimiento de los pactos y fiscalizar diversos aspectos del periodo de transición.

El contraste frente al panorama haitiano registra matices significativos: el FMLN constituía un movimiento insurgente con metas políticas delimitadas, mientras que 400 Mawozo es clasificada como una red criminal. Sin embargo, dicha experiencia comprueba que Naciones Unidas posee capacidad de actuar como agente facilitador frente a agrupaciones alzadas en armas.

Otro referente se ubica en Colombia, espacio donde Naciones Unidas formó parte de la constatación del proceso de pacificación concertado entre la administración estatal y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las conversaciones centrales iniciaron en La Habana durante 2012 y se desarrollaron bajo la conducción directa de los actores con el apoyo de naciones garantes. Si bien la ONU no ejerció como mediador primario, asumió más adelante tareas clave en el monitoreo del cese de hostilidades y el depósito de armamento.

El instrumento final, suscrito en noviembre de 2016, abrió paso al establecimiento de un contingente internacional orientado a supervisar la desmovilización de pertrechos y la posterior concreción de los compromisos.

El caso colombiano demuestra el modo en que un grupo armado puede integrarse a una ruta de desarme con acompañamiento internacional, a la vez que corrobora que entablar pactos no implica prescindir de las instancias de juzgamiento y responsabilidad penal.

Naciones Unidas ha sostenido asimismo acercamientos con organizaciones armadas en territorios como Yemen y Libia, entre otras zonas en conflicto.

En suelo yemení, sus representantes han adelantado gestiones ante la insurgencia hutí en procura de acordar pausar las hostilidades, efectuar canjes de detenidos y buscar salidas políticas.

En Libia, los delegados de la entidad propiciaron encuentros entre facciones armadas rivales, lo que favoreció la firma de un pacto de alto el fuego en octubre de 2020.

Dichas intervenciones ponen de manifiesto que las vías de comunicación con actores armados sirven para atenuar las acciones violentas aun cuando no se consolide un pacto político conclusivo.

La entidad Brookings resalta la inexistencia de un esquema estandarizado para tales aproximaciones, señalando que las determinaciones varían según la naturaleza de la confrontación, la postura de las autoridades estatales y las condiciones objetivas de lograr pactos comprobables.

La diferenciación entre agrupaciones de carácter insurgente y cuadrillas abocadas en esencia a ilícitos comunes figura como uno de los mayores impedimentos para un posible diálogo en Haití.

Un informe divulgado en enero de 2026 por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime acerca de las misiones de pacificación en Haití analiza en particular la viabilidad de entablar vínculos con bandas criminales armadas.

La publicación plantea que este tipo de contactos no debe situarse como vía prioritaria, mas tampoco desestimarse de forma tajante, correspondiendo ponderar la medida en función del escenario, las amenazas y la capacidad real de disminuir los hechos violentos.

Como referencia en el ámbito regional, el texto cita una estrategia de mediación promovida por las autoridades de Jamaica en la década de 2000 destinada a rebajar los choques entre facciones antagónicas en el área de Mountain View, en las proximidades de Kingston. Dicha acción generó un periodo de apaciguamiento de varios años, si bien los episodios de agresión volvieron a registrarse con posterioridad.

El episodio jamaicano no constituyó un proceso tutelado por la ONU, pero brinda una pauta sobre los alcances y trabas inherentes a las resoluciones locales concertadas con agrupaciones delictivas.

El informe sugiere además que las intervenciones internacionales pueden respaldar iniciativas de ámbito comunitario encaminadas a mitigar la agresión, viabilizar la desvinculación de miembros de las bandas y recobrar territorios dominados por grupos armados.

Las normativas y la trayectoria de Naciones Unidas posibilitan diferenciar entre acercamientos de índole humanitaria, pláticas para aplacar la violencia y negociaciones de corte político.

El organismo admite que las aproximaciones a grupos armados pueden ser indispensables para asegurar el ingreso a poblaciones desprotegidas, salvaguardar a los habitantes y posibilitar acciones de asistencia.

Dicho nivel de interacción no supone otorgar estatus político a la contraparte ni conceder impunidad ante los ilícitos perpetrados.

En el contexto haitiano, un posible diálogo podría focalizarse en metas puntuales, tales como la puesta en libertad de rehenes, el resguardo de comunidades, la cesión de pertrechos o el establecimiento de vías para asistencia humanitaria. Se trata únicamente de supuestos de carácter general y no de una agenda formalmente trazada por Naciones Unidas.

Asimismo, la Fuerza de Supresión de Pandillas, cuya aprobación fue otorgada por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2025, cuenta con la encomienda de secundar a los mandos haitianos en las intervenciones dirigidas a desarticular redes delictivas, custodiar infraestructuras clave y permitir el paso de ayuda humanitaria.

Su encargo abarca también disposiciones relativas al reintegro social de antiguos miembros de bandas armadas, aunque no conlleva un permiso implícito para entablar pactos políticos con la dirigencia pandillera.

La solicitud formulada por Wilson Joseph plantea una interrogante de marcada delicadeza: determinar si las agrupaciones causantes del clima de violencia en Haití pueden constituirse en partes válidas de un esquema de pacificación o si la vía del diálogo derivaría en una mayor consolidación de su poder.

El panorama suma complejidades adicionales. Las pandillas conservan un elevado alcance en materia de coerción, desplazamiento forzoso de ciudadanos y dominio geográfico, al tiempo que la administración haitiana procura restablecer el control sobre áreas clave con respaldo internacional.

Con información de Diario Libre.