{"id":29751,"date":"2025-05-28T08:57:58","date_gmt":"2025-05-28T12:57:58","guid":{"rendered":"https:\/\/elcasternews.com\/?p=29751"},"modified":"2025-05-28T08:58:57","modified_gmt":"2025-05-28T12:58:57","slug":"honor-y-reputacion-en-juego-la-justicia-dominicana-ante-el-auge-de-la-difamacion-digital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elcasternews.com\/?p=29751","title":{"rendered":"Honor y reputaci\u00f3n en juego: la justicia dominicana ante el auge de la difamaci\u00f3n digital"},"content":{"rendered":"<p><strong>Difamaci\u00f3n digital, un ciberdelito en auge en Rep\u00fablica Dominicana<\/strong><\/p>\n<p>En la Rep\u00fablica Dominicana, la difamaci\u00f3n por medios digitales se ha convertido en uno de los ciberdelitos m\u00e1s perseguidos judicialmente. Con el crecimiento vertiginoso de las redes sociales y plataformas digitales, las querellas por injuria y difamaci\u00f3n no solo han aumentado, sino que se han convertido en un fen\u00f3meno recurrente en la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el Departamento contra Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, este tipo de delitos figura entre los m\u00e1s activamente judicializados, con decenas de casos presentados cada a\u00f1o.<\/p>\n<h3>Casos de alto perfil<\/h3>\n<p>Uno de los casos m\u00e1s destacados en los \u00faltimos meses involucra a <strong>Milagros De Camps Germ\u00e1n<\/strong>, exviceministra de Cambio Clim\u00e1tico, quien present\u00f3 una querella contra el comunicador <strong>\u00c1ngel Mart\u00ednez<\/strong>, radicado en Miami, y otras cinco personas. La demanda, interpuesta el 24 de enero de 2025, incluye acusaciones bajo la Ley 61-32 sobre Expresi\u00f3n y Difusi\u00f3n del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los abogados de De Camps, los acusados divulgaron en redes sociales contenido falso y denigrante, incluyendo la alegaci\u00f3n de que ella estar\u00eda embarazada del presidente de la Rep\u00fablica, Luis Abinader. Se reclama una indemnizaci\u00f3n de <strong>RD$10 millones<\/strong>, destinados al Sistema Nacional de \u00c1reas Protegidas.<\/p>\n<p>Otro caso que ha captado la atenci\u00f3n medi\u00e1tica es el del empresario <strong>Luis Ricardo Reyes Mendoza<\/strong>, quien tambi\u00e9n acusa a Mart\u00ednez de haberlo calificado falsamente como narcotraficante y vinculado con figuras del crimen organizado en su canal de YouTube. Reyes Mendoza asegura que estas afirmaciones afectaron gravemente su vida personal, alegando incluso que su padre falleci\u00f3 por el impacto emocional de estas acusaciones.<\/p>\n<h3>Detenci\u00f3n de \u00c1ngel Mart\u00ednez<\/h3>\n<p>\u00c1ngel Mart\u00ednez fue detenido en Puerto Plata recientemente por rebeld\u00eda, tras no asistir a las audiencias por una demanda previa interpuesta por el diputado <strong>Sergio Moya (Gory)<\/strong>, quien tambi\u00e9n lo acusa de difamaci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Faride Raful y periodistas toman acci\u00f3n<\/h3>\n<p>La ministra de Interior y Polic\u00eda, <strong>Faride Raful<\/strong>, anunci\u00f3 que emprender\u00e1 acciones legales contra quienes participan en campa\u00f1as de descr\u00e9dito en su contra. En un video difundido por Instagram, la funcionaria denunci\u00f3 el uso de contenidos manipulados como una forma de extorsi\u00f3n, se\u00f1alando que se trata de una amenaza real para la integridad de las figuras p\u00fablicas, especialmente de las mujeres.<\/p>\n<p>En otra acci\u00f3n conjunta, reconocidos periodistas como <strong>Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar<\/strong> y <strong>Mariasela \u00c1lvarez<\/strong> presentaron una querella contra varios comunicadores digitales por difundir acusaciones infundadas sobre presuntos pagos ilegales por parte de la USAID.<\/p>\n<h3>\u201cLa Tora\u201d y otros comunicadores ante la justicia<\/h3>\n<p>El diputado <strong>Sergio Moya<\/strong> tambi\u00e9n mantiene un proceso legal contra la comunicadora <strong>Claudina P\u00e9rez<\/strong>, conocida como \u00abLa Tora\u00bb, quien fue declarada en rebeld\u00eda por no asistir a audiencia. Tras ser arrestada, el proceso fue reprogramado y actualmente P\u00e9rez ha solicitado un juicio disciplinario contra la jueza del caso.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, Moya ha sometido al comunicador <strong>Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal<\/strong> por acusaciones similares, solicitando una investigaci\u00f3n t\u00e9cnica del contenido difundido en YouTube.<\/p>\n<h3>Marco legal y criterio de la Suprema Corte<\/h3>\n<p>La proliferaci\u00f3n de este tipo de casos ha llevado a la Suprema Corte de Justicia a establecer un criterio claro sobre la naturaleza de estos delitos. En la sentencia <strong>SCJ-SS-22-0563<\/strong> del 2 de junio de 2022, la Segunda Sala Penal determin\u00f3 que la difamaci\u00f3n a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos constituye un delito especial que debe ser perseguido como <strong>acci\u00f3n p\u00fablica a instancia privada<\/strong>. Esto implica que no basta con una simple querella privada: debe haber una fase preliminar y la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n<h3>Una tendencia en crecimiento<\/h3>\n<p>La facilidad de acceso a plataformas digitales ha transformado la din\u00e1mica de la comunicaci\u00f3n p\u00fablica, pero tambi\u00e9n ha dado paso a nuevos desaf\u00edos legales. Las autoridades dominicanas enfrentan el reto de equilibrar el derecho a la libertad de expresi\u00f3n con la protecci\u00f3n del honor, la dignidad y la intimidad de las personas.<\/p>\n<p>En un entorno donde un video viral puede alcanzar a cientos de miles en cuesti\u00f3n de horas, las fronteras entre la cr\u00edtica leg\u00edtima y la difamaci\u00f3n malintencionada se vuelven cada vez m\u00e1s difusas. La justicia, mientras tanto, se convierte en un actor clave para poner l\u00edmites y sancionar los excesos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Difamaci\u00f3n digital, un ciberdelito en auge en Rep\u00fablica Dominicana En la Rep\u00fablica Dominicana, la difamaci\u00f3n por medios digitales se ha convertido en uno de los ciberdelitos m\u00e1s perseguidos judicialmente. 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