El Ministerio Público ha solicitado al tribunal que declare culpable a Elizabeth Silverio y la condene a una pena de 10 años de prisión, así como al pago de 50 salarios mínimos, en el marco del proceso judicial que enfrenta por los delitos de falsificación de documentos, estafa y por causar daños a niños con autismo.
Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público argumentaron que Silverio no solo actuó en detrimento de la confianza depositada por las familias de los menores, sino que también comprometió su bienestar al ejercer funciones para las cuales no contaba con la debida acreditación profesional. Se presentaron pruebas que evidencian la falsificación de documentos que acreditaban su supuesta formación como psicóloga y neurocientífica, lo que subraya la gravedad de las acusaciones en su contra.
Este viernes, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional escuchará las conclusiones de las partes en este caso, un proceso que ha captado la atención pública debido a la naturaleza delicada de los delitos implicados.
Previo a la audiencia, Elizabeth Silverio llegó acompañada de su abogado, Cándido Simón. La imputada manifestó estar lista para cualquier decisión que tome el tribunal, reafirmando su confianza en el proceso judicial. En sus declaraciones, Silverio insistió en que su intención siempre fue ayudar a los niños y que se defendió de manera adecuada durante todo el proceso.
Por su parte, Simón expresó que es probable que los jueces se reserven el fallo en el caso, dado la gran cantidad de testigos que deben ser evaluados. Según él, los magistrados necesitarán tiempo para analizar y ponderar cada testimonio y evidencia presentada, lo que podría prolongar el proceso antes de llegar a una decisión final.
El abogado también subrayó la importancia de garantizar un juicio justo, señalando que cada parte tiene el derecho a ser escuchada y que las decisiones deben basarse en pruebas sólidas y fundamentadas.
La audiencia marca un momento crucial en un caso que ha suscitado un amplio debate sobre la ética profesional y la protección de los derechos de los menores.
