La Cámara Alta de Paraguay removió este viernes de su cargo al gobernante Santiago Peña al hallarlo culpable de "mal desempeño de funciones" durante un juicio político llevado a cabo sin su presencia, en el marco de la coyuntura provocada por la clausura de Ueno bank y las críticas debido a los nexos del jefe de Estado con dicha institución financiera. Posteriormente, la Fiscalía de Paraguay dispuso su arresto bajo el cargo de "lesión de confianza".
La determinación se produjo horas después de que el Senado de Paraguay hiciera oficial la destitución de Peña al declararlo culpable de "mal desempeño de funciones".
Mediante la votación afirmativa de los 44 senadores presentes, Peña, de 47 años, pasó a ser el segundo jefe de Estado en la trayectoria reciente paraguaya en ser separado de la presidencia por la vía del juicio político, tras el caso del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012).
En su reemplazo ocupará la jefatura del Estado quien se desempeñaba como su vicepresidente, Pedro Alliana.
El ahora exjefe de Estado —quien quedó sin el respaldo del oficialista Partido Colorado— no se presentó ante la sede legislativa, aun cuando fue citado formalmente de manera personal, y asignó su vocería legal a los juristas Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes expusieron la defensa "técnica" y "jurídica" de Peña.
La nación sudamericana se sumergió en una crisis luego de que el Banco Central (BCP) dispusiera el proceso de resolución de Ueno bank, un ente con 2,94 millones de usuarios en una nación de 6,1 millones de pobladores, el cual captó abultados fondos estatales durante la gestión del destituido mandatario.
A esta situación se añadió la inquietud de miles de ahorrantes que señalaron la imposibilidad de retirar sus depósitos, incluyendo a 32.000 jubilados pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), uno de los principales fondos de pensiones de la nación.
Este viernes, los legisladores de la Cámara de Diputados que ejercieron el rol acusador en el juzgamiento político sostuvieron que la clausura de Ueno bank conllevó el extravío de cerca de 1, 200 millones de dólares "del pueblo paraguayo", y solicitaron la condena del mandatario, a quien tildaron como "el desfalcador más grande de la historia" nacional.
En el desarrollo del proceso, el legislador opositor Rafael Filizzola tildó la desarticulación financiera de la entidad como "el escándalo de corrupción más grande" del período democrático paraguayo, al tiempo que rechazó los argumentos de la representación legal de Peña, que advertía sobre una pretendida invalidez del juzgamiento.
Por su parte, el legislador oficialista y exembajador Gustavo Leite señaló a Peña por haber traicionado "a todos los paraguayos", razón por la que reclamó que su destitución se efectuara "con deshonra".
Peña continuaba al frente del Poder Ejecutivo debido a que el Congreso no pudo pronunciarse por falta de cuórum ante la dimisión que el propio gobernante introdujo este jueves.
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay fija que los exmandatarios electos democráticamente pasarán a ser senadores vitalicios, "salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables".
Un legislador vitalicio posee inmunidad y no puede ser sometido a un proceso penal a menos que el Congreso apruebe el retiro de dicha inmunidad. En razón de su destitución, Peña ya no será senador vitalicio.
Momentos antes de la votación, Peña manifestó a través de su cuenta en la red social X que formalizó su renuncia con el fin de evitar mayores daños al país y contribuir a recuperar la tranquilidad.
"No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal", señaló en un mensaje en el que también llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.
Con información de Diario Libre.
