El respeto a los derechos humanos no concede impunidad a los delincuentes. Exige que el Estado los persiga, los detenga y los someta a la justicia con los instrumentos que la ley proporciona.
La Policía Nacional tiene el deber de garantizar el orden público, proteger a los ciudadanos y preservar la vida en comunidad. Esa responsabilidad requiere firmeza, capacidad operativa y respaldo institucional. También exige límites claros: quienes hacen cumplir la ley están obligados a respetarla.
La indignación ante el crimen es comprensible. El miedo de las víctimas merece respuestas eficaces. Pero ninguna de esas realidades autoriza a convertir la sospecha en sentencia ni a sustituir los tribunales por decisiones policiales. Cuando se tolera el abuso, la seguridad pierde su fundamento y cualquier ciudadano queda expuesto a la arbitrariedad.
