JCE suspende temporalmente reglamento sobre publicación de encuestas electorales
El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) dejó en suspenso, de forma provisional, la aplicación del reglamento que restringe la publicación de encuestas electorales antes del inicio de la precampaña, prevista para el primer domingo de julio de 2027.
La medida permanecerá vigente hasta que el Tribunal Superior Electoral (TSE) se pronuncie sobre los recursos presentados por distintos sectores que cuestionan la legalidad de la normativa, en vigor desde el 22 de mayo.
Entre las objeciones recibidas figuran las de Participación Ciudadana, que solicitó eliminar la prohibición de realizar estudios fuera de los períodos oficiales de campaña y precampaña. Asimismo, el presidente de ACD Media, Danny Alcántara, pidió revisar el reglamento al considerar que vulnera disposiciones constitucionales y excede las facultades otorgadas a la JCE por las leyes electorales.
La decisión fue formalizada mediante una resolución aprobada por la Secretaría General del organismo el 18 de junio.
Encuestas para uso interno
Mientras se resuelve el proceso judicial, los partidos políticos y sus miembros podrán contratar encuestas con fines electorales para uso interno antes del inicio de la precampaña. No obstante, esos estudios no podrán divulgarse públicamente antes de la fecha establecida por la legislación electoral.
La normativa contempla sanciones para quienes incumplan estas disposiciones, que incluyen la suspensión temporal del registro de las firmas encuestadoras, la cancelación definitiva en casos de reincidencia y otras medidas administrativas previstas por la ley.
Además, las encuestadoras deberán notificar a la JCE con al menos ocho días de anticipación la realización de sondeos durante la jornada electoral, como las denominadas «boca de urna» o exit poll. El incumplimiento de este requisito podría acarrear multas de entre uno y 200 salarios mínimos.
El reglamento también establece que las empresas encuestadoras registradas deberán mantener actualizada su documentación de forma anual. De no hacerlo dentro de los plazos establecidos, podrían perder su registro y habilitación para realizar estudios con fines electorales.
