A partir de la firma del presidente Luis Abinader en el reglamento de aplicación entra en vigencia la nueva ley 47-25, de Contrataciones Públicas, más de 180 días después de su promulgación a finales del mes de julio del 2025.
En un acto reliazado en el Palacio Nacional, el director de General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que con la entrada en vigencia de la ley, los funcionarios y legisladores no podrán tener ningún tipo de participación en las empresas que negocien con alguna institución pública.
«Esta normativa devuelve el régimen de consecuencias a la ley que fue suprimido en el 2006. La normativa fortalece el régimen de incompatibilidad, quienes no pueden contratar con el Estado; funcionarios, entiéndase ministros, directores, senadores y diputados, alcaldes, regidores, entre otros, no pueden contratar con el Estado independientemente de la participación accionaria que tengan en la empresa», manifestó Pimentel al ser abordado por periodistas.
Agregó que en la legislación anterior, los funcionarios, legisladores y ediles podrían tener una participación accionaria de un 10% o menos en la empresa que desee ser contratada por el Estado. Pimentel indicó que las diferentes violaciones tendrán sanciones administrativas y penales, incluyendo la privación de libertad, entre dos y 10 años.
Abinader manifestó que el objetivo principal de la puesta en funcionamiento de la ley es que el Estado Dominicano comience a funcionar con «normas claras y permanentes”.
“Este Gobierno ha apostado a algo fundamental: que las instituciones sean más fuertes que las personas; que las reglas sean más duraderas que los cargos; que el interés general esté siempre por encima de cualquier conveniencia particular. Ese es el país que creemos. Ese es el país que estamos construyendo”, indicó el presidente.
