Los representantes del sector transporte advirtieron este lunes que los usuarios del servicio público podrían verse obligados a asumir un incremento significativo en el precio del pasaje, que oscilaría entre RD$50 adicionales o más, si el Gobierno no restablece el subsidio a los combustibles que, según afirman, permanece suspendido en la práctica.
Los choferes y dirigentes de las principales rutas sostienen que operar sin ese apoyo estatal les resulta cada día más insostenible, debido a los altos costos operativos y de mantenimiento que han tenido que cubrir con sus propios recursos durante las últimas semanas. Señalan que continuar cobrando tarifas de RD$40 pesos por pasajero resulta “económicamente inviable”, y que seguir en esa condición “nos llevaría prácticamente a la quiebra y eventual desaparición del servicio en varias rutas”.
De acuerdo con los testimonios de los gremialistas, ya llevan más de tres semanas asumiendo sin respaldo oficial el gasto diario que implica poner a circular las unidades, cubrir combustible, lubricantes, repuestos, pago de personal y otras obligaciones fundamentales. “Estamos trabajando con pérdidas y con la flota al límite. Lo que se recauda en los pasajes apenas alcanza para reponer parte del combustible, pero no para sostener todas las operaciones”, expresaron.
Los dirigentes advirtieron además que el posible aumento no sería uniforme en todas las rutas, ya que algunas requieren un mayor consumo de combustible por la distancia o por la cantidad de tiempo en cola y desgaste mecánico que sufren los vehículos. Por esa razón, estiman que en varias zonas del país un alza de RD$50 sería apenas un reajuste moderado, mientras que en otras rutas, especialmente las de mayor kilometraje o tráfico, el incremento real que tendrían que aplicar para operar sin subsidio podría llegar hasta RD$100 pesos por pasajero.
Señalan que la problemática radica en una “inercia institucional”, pues alegan que todavía no se ha despachado un solo galón de combustible bajo las facilidades del subsidio, pese a que la flota que ofrece transporte público y de carga continúa consumiendo miles de litros diariamente. Por ello, hicieron un llamado directo al presidente Luis Abinader y a los funcionarios vinculados al área de transporte, solicitando una respuesta inmediata que permita devolver estabilidad al sector.
Aunque algunos voceros del gremio se han reunido recientemente con el director del Intrant, Milton Morrison, afirman que dichos encuentros no han producido soluciones concretas ni un cronograma oficial que garantice el restablecimiento del apoyo estatal. En ese contexto, recalcan que el sector se encuentra “al borde del colapso”, profundamente afectado por el alza sostenida de los combustibles, los aceites y lubricantes, así como por el encarecimiento de gomas, piezas, mantenimiento correctivo y preventivo de los motores.
Los sindicatos del transporte advierten que, si el Gobierno no interviene a tiempo, la crisis terminará golpeando directamente a la población, ya que los choferes no tendrían otra alternativa que trasladar todos esos costos adicionales al precio final del pasaje. Además, temen que miles de conductores pierdan su única fuente de ingresos, generando un problema social mayor.
EL GOBIERNO NIEGA LA SUSPENSIÓN
Por su parte, el Gabinete de Transporte respondió a estas denuncias y aclaró que el Gobierno no contempla la eliminación del combustible subsidiado para los transportistas. Según explicó el coordinador Deligne Ascención en un comunicado oficial, tanto el bono gas como las asignaciones especiales de combustible continúan vigentes y forman parte de la política pública destinada a mantener tarifas accesibles para los usuarios y la estabilidad del sistema de transporte.
Las autoridades aseguran que no existe una decisión formal de suspender los beneficios y que el subsidio permanece activo, aunque los choferes sostienen que en la práctica no están recibiendo esas compensaciones, lo que genera dudas, tensiones y preocupación en todo el sector.
