En el panorama de los derechos sociales dentro de la Unión Europea, España se ha posicionado en un lugar poco honroso: el de ser el país con más denuncias activas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), un órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea (CSE), tratado internacional que garantiza una amplia gama de derechos fundamentales de carácter social y económico. Según datos oficiales del propio Comité, actualmente España mantiene abiertas diez denuncias por presuntas infracciones, superando así a otras naciones como Italia (con siete casos) y Francia (con cuatro). Otros países como Grecia, República Checa y Bélgica enfrentan únicamente dos procedimientos cada uno.
Este elevado número de casos refleja una creciente preocupación en torno al cumplimiento de los compromisos sociales asumidos por el Estado español, y ha abierto un intenso debate sobre la efectividad de sus políticas públicas en áreas tan esenciales como el derecho al trabajo, el acceso a la vivienda, la protección social mínima y los derechos laborales.
El papel del Comité Europeo de Derechos Sociales
El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano dependiente del Consejo de Europa, no debe confundirse con instituciones de la Unión Europea como el Parlamento o la Comisión. Este comité supervisa la implementación de la Carta Social Europea en los países que la han ratificado. Sus decisiones, aunque técnicamente no vinculantes en el mismo nivel que las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, poseen un valor legal considerable, ya que obligan a los países miembros a adaptar sus normativas para cumplir con los estándares sociales mínimos establecidos.
El Comité tiene competencia para admitir y examinar denuncias provenientes de organizaciones no gubernamentales, sindicatos, instituciones nacionales e incluso organismos internacionales. Una vez admitidas, se inicia un proceso que incluye la recopilación de pruebas, evaluación jurídica y, en última instancia, la emisión de una sentencia que, si falla contra el Estado, exige reformas legislativas o administrativas.
España, en la mira por su legislación laboral y social
Uno de los casos más recientes y destacados en el que el Comité falló contra España está relacionado con las indemnizaciones por despido improcedente. Esta demanda fue impulsada por el sindicato UGT y previamente por CCOO, quienes alegaron que las compensaciones por despido no cumplían con los estándares de justicia y equidad establecidos en la Carta. La resolución obligó al gobierno español, a través del Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz, a reabrir el diálogo con los agentes sociales para revisar y proponer una nueva normativa que subsane las deficiencias señaladas.
Curiosamente, el gobierno actual, liderado por el presidente Pedro Sánchez, había defendido hasta hace poco el sistema de indemnizaciones basándose en la reforma laboral aprobada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy en 2012. Esta defensa ha sido duramente cuestionada por juristas y sindicalistas, ya que dicha reforma flexibilizó el despido y redujo las cuantías de las indemnizaciones, en lo que muchos consideran una regresión de derechos laborales.
Ingreso Mínimo Vital: una política social bajo escrutinio internacional
Otro de los asuntos que ha escalado hasta el Comité tiene que ver con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas emblemáticas del denominado «escudo social» promovido por el gobierno de Sánchez durante la pandemia de COVID-19. Este subsidio, orientado a garantizar un mínimo de ingresos a los hogares en situación de pobreza, ha sido objeto de una denuncia formal en junio de 2024 por parte de la ONG ATD Cuarto Mundo, organización internacional que lucha contra la pobreza extrema.
Según esta denuncia, miles de beneficiarios del IMV se han visto perjudicados por las políticas de revisión retroactiva implementadas por la Seguridad Social. El problema radica en que el Gobierno otorga inicialmente la ayuda sin una verificación fiscal exhaustiva, y luego, al año siguiente, revisa los datos del contribuyente. Si se determina que los ingresos del hogar superaron el umbral permitido —aunque sea por una mínima cantidad— se exige la devolución del subsidio, generando una deuda que en muchos casos es imposible de pagar. A esto se suman intereses de demora y, en ocasiones, embargos. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha reconocido públicamente que entre 2022 y 2023 se han abierto casi 100,000 expedientes de este tipo.
Además, algunas reclamaciones se deben a errores administrativos cometidos por la propia Seguridad Social, lo que obliga a los afectados a litigar en tribunales, un proceso largo, costoso y emocionalmente desgastante, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad.
Otras denuncias en curso: vivienda, permisos parentales y salarios mínimos
El catálogo de causas pendientes ante el Comité Europeo de Derechos Sociales es extenso y toca temas de alto impacto social. Uno de ellos es el acceso a la vivienda, una problemática estructural en España, particularmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde los precios del alquiler y compra han alcanzado niveles que excluyen a amplios sectores de la población. Este derecho, recogido en la Carta Social Europea, se encuentra hoy en el centro del debate, con sindicatos y organizaciones sociales señalando la inacción o insuficiencia de las políticas públicas para garantizarlo.
Asimismo, el Estado español ha sido denunciado por deficiencias en los permisos parentales tras el nacimiento de un hijo, y por la cuantía del salario mínimo interprofesional, una demanda interpuesta por el sindicato gallego CIG, que argumenta que el SMI no cumple con el principio de remuneración justa para una vida digna.
En el ámbito de los derechos laborales de los cuerpos de seguridad, en 2023, la Unión Federal de Policía, sindicato representativo de la Policía Nacional, presentó una denuncia por la restricción al derecho de huelga. Esta acción fue precedida por una denuncia similar interpuesta por la organización Euromil en 2022, en nombre de los militares españoles.
Discapacidad y derecho a la vivienda: la denuncia más reciente
La denuncia más reciente, presentada en mayo de 2025, proviene del Foro Europeo de la Discapacidad, una federación de organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad en el continente. En esta ocasión, el foco está nuevamente en el acceso a la vivienda, pero con una perspectiva centrada en los obstáculos específicos que enfrentan las personas con discapacidad. La denuncia argumenta que España no ha tomado medidas efectivas para asegurar una oferta de vivienda accesible, adaptada y asequible para este colectivo, contraviniendo lo dispuesto tanto en la Carta Social como en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Conclusión: una oportunidad para replantear las políticas sociales
Las múltiples denuncias activas contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales no solo evidencian deficiencias concretas en políticas laborales y sociales, sino que también suponen una llamada de atención al Estado para alinear sus normativas con los compromisos internacionales asumidos. Lejos de tratarse de simples trámites burocráticos, estos procedimientos pueden generar cambios legislativos importantes y, más aún, abrir espacios de diálogo social que fortalezcan el tejido democrático y el Estado de bienestar.
El Gobierno de Pedro Sánchez, mientras defiende su legado social, enfrenta el reto de responder a estas observaciones con reformas estructurales reales y no meramente declarativas. De lo contrario, España corre el riesgo no solo de incumplir obligaciones internacionales, sino de erosionar la confianza ciudadana en las instituciones que deben proteger los derechos más básicos.
