De recolectar residuos en las calles de Santiago de Chile, Soledad Mella ha pasado a ser la única representante de América Latina en las negociaciones globales de la ONU para redactar un tratado internacional que limite la contaminación por plásticos.
Como ella, son cada vez más los recicladores de base que, tras años de invisibilidad, pasan de los márgenes urbanos a los foros internacionales, reclamando su lugar en la lucha contra la crisis ambiental y por una transición justa.
“Hoy somos parte de la negociación. Ya no miramos a la industria del plástico hacia arriba. La miramos de frente y decimos: ‘Negociamos: ¿cuánto me va a pagar usted por las toneladas de material que yo le puedo entregar?’”, afirma Mella, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile y miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores (Red LACRE), en una entrevista con EFE.
La charla se realizó en el marco del Día Mundial del Medioambiente, que se celebra cada 5 de junio, y desde Panamá, donde Mella participa en el encuentro regional Grulac, preparatorio para la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC 5.2) que tendrá lugar en Ginebra en agosto.
De la precariedad a la diplomacia
Mella llevará hasta la ONU las demandas de millones de recicladores que recolectan, clasifican y comercializan residuos reciclables en condiciones precarias, pero con un impacto ambiental enorme.
Según estimaciones de la Fundación Avina, que promueve el reciclaje inclusivo en América Latina, más del 50 % de las materias primas secundarias que usa la industria provienen del trabajo de estos recicladores informales.
“El reconocimiento debe traducirse en financiamiento que fortalezca los procesos”, sostiene Romina Malagamba, jefa de la Unidad de Ciencia de Datos de Avina.
Avina impulsa herramientas como Latitud R, una métrica que calcula que cada tonelada de plástico reciclado evita la emisión de 1.27 toneladas de CO₂ equivalente.
Tres demandas clave para el tratado
Desde la Red LACRE y otras organizaciones, los recicladores plantean tres exigencias fundamentales que esperan ver reflejadas en el tratado global:
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Reconocimiento formal de los recicladores como el primer eslabón en la cadena medioambiental.
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Transición justa que los integre en los nuevos modelos de economía circular a financiarse a nivel nacional.
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Acceso directo al financiamiento internacional y nacional para fortalecer sus cooperativas y condiciones laborales.
Avances y contrastes en la región
En Brasil, que cuenta con cerca de un millón de recicladores —responsables del 90 % del reciclaje nacional—, el Estado ha implementado políticas pioneras.
“Creamos el programa Procatador y fuimos el primer país en incluir oficialmente a un recolector en la delegación negociadora del INC”, explicó a EFE Adalberto Maluf, ministro de Medioambiente y Cambio Climático.
El gobierno brasileño también impulsa el pago por servicios ambientales y la entrega de certificados de reciclaje como vías de financiamiento sostenible, además de planes de inversión a cinco años y decretos que reconocen legalmente a las cooperativas como actores clave en la gestión de residuos.
En contraste, la criminalización de los recicladores persiste en varios países de la región, donde siguen operando sin derechos ni reconocimiento estatal.
Un trabajo liderado por mujeres
Mella subraya que el reciclaje de base es liderado mayoritariamente por mujeres, quienes comandan entre el 60 % y el 70 % de las organizaciones nacionales.
“Este trabajo nació desde la pobreza, desde la necesidad, pero hoy entendemos que es un modelo de negocio. Fuimos visionarias: lo que muchos pateaban en la calle, nosotras lo transformamos en valor”, afirma.
Un solo reciclador puede recolectar entre dos y tres toneladas de residuos por día. Multiplícalo por más de 40 millones de recicladores en el mundo, y se dimensiona el verdadero impacto ambiental, económico y social de este sector históricamente invisibilizado.
