En los últimos cinco años, el sistema judicial del país ha sido testigo de investigaciones de alto perfil que buscan desmantelar redes de corrupción, tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas, fraudes, entre otros.
Al hablar de estos casos, cabe resaltar la Operación Antipulpo, el primer proceso que inició la justicia dominicana en contra de exfuncionarios del Gobierno del Danilo Media y de familiares. Se trata de un entramado de corrupción que estafó al Estado, utilizando empresas vinculadas a los principales imputados para obtener contratos fraudulentos con el Estado.
En la actualidad, hay más de 20 casos en diferentes etapas: en audiencia, juicio preliminar y juicio de fondo.
Sin embargo, el uso público de estos apodos ha sido prohibido por la sentencia TC/0225/25 del Tribunal Constitucional, que ordena al Ministerio Público y sus dependencias abstenerse de emplear motes o sobrenombres en sus expedientes judiciales.
El fallo establece que esta práctica vulnera la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho al honor y al buen nombre de los imputados.
La decisión responde a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien solicitó que se dejara de denominar «caso Medusa» u «operación Medusa» al proceso judicial en su contra. No obstante, la sentencia del Constitucional tiene efectos generales y será aplicable a todos los casos similares.
El TC decidió que aunque para fines internos «los sobrenombres o motes han de ser empleados única y exclusivamente como estrategias secretas de investigación y organización de los equipos de trabajo, para evitar filtraciones de información, no así de cara o de conocimiento del público una vez es instrumentado el proceso».
Antipulpo
El caso Antipulpo se inició en noviembre de 2020, cuando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ejecutó una serie de operativos de allanamientos que resultaron en múltiples arrestos. Se trata de una supuesta red de corrupción administrativa denominada Antipulpo, que habría estafado al Estado con más de 5,000 millones de pesos.
Desde 2020, el caso ha pasado por diversas fases, incluyendo la presentación de la acusación formal en diciembre de 2021 y el inicio del juicio de fondo en septiembre de 2023.
El proceso por corrupción administrativa sigue en curso contra los principales imputados: Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También están involucrados el expresidente del Fonper, Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
Operación Coral
En abril de 2021, se puso en marcha la Operación Coral, mediante la cual fue apresado el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina y otros implicados. De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, este caso se desprende de la denominada Operación Antipulpo.
Los implicados son el general Adán Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina (2012-2020), la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza, Erick Pereyra Núñez y Raúl Alejandro Girón Jiménez, imputado en el expediente de corrupción y testigo del Ministerio Público.
Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
- Son acusados de integrar un entramado militar y policial con el objetivo de depredar el erario por más de RD$3,000 millones.
Operación Coral 5G
En noviembre de 2021, el Ministerio Público desmanteló una red de corrupción administrativa integrada por altos oficiales de cuerpos castrenses, incluidos generales, con la llamada Operación Coral 5G.
Entre los imputados se encuentran el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la Fuerza Aérea Dominicana, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de la República Dominicana.
Coral y Coral 5G juntos
En noviembre de 2022, los casos Coral y Coral 5G pasaron a conocerse juntos por las implicaciones, y actualmente se encuentran en juicio de fondo.
Operación Medusa
La Operación Medusa es un caso de supuesta corrupción administrativa contra el Estado, en el que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, es el principal implicado. Este caso fue puesto en marcha por las autoridades en junio del 2021.
El caso se encuentra en etapa de juicio de fondo y la mayoría de los encartados, unos 35, alcanzaron acuerdos con la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca).
De los excluidos del fondo, sobresalen Lisandro José Macarrulla, hijo de Lisandro Macarrulla, empresario y exministro de la Presidencia durante el periodo 2020-2022; Ricardo Carrasquero, José Santana Julián, Reynaldo Santos, Rafael Salvador Rasuk y Jenny Marte Peña.
En juicio de fondo
En juicio de fondo se encuentran Jean Alain Rodríguez, Rolando Rafael Sebelén Torres, Alfredo Alexander Solano Augusto, José Luis Liriano Adames, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Ramón Lucrecio Burgos, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alejandro Martín Rosa Llanes.
Aunque pactaron con el Ministerio Público, el juez decidió que debían enfrentar un juicio de fondo: José Miguel Estrada Jackson, Jonathan Joel Rodríguez Imbert y César Nicolás Rizik Pimentel.
A los señalados se les vincula con una estafa de más de 6,000 millones de pesos contra el Estado.
Operación Falcón
En octubre de 2021, fue desmantelada una red de lavado de activos y narcotráfico que operaba en el país, con implicados en diversos sectores, incluidos políticos y empresarios. Actualmente, los implicados en este caso fueron enviados a juicio de fondo por el juez del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, Cirilo Salomón.
Entre los procesados se encuentra el suspendido director de Comunidad Digna y exdiputado Juan Maldonado. También han sido investigados los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera.
Cabecillas
El expediente del Ministerio Público establece que la organización criminal estuvo dirigida por Erick Randiel Mosquea Polanco, quien fue arrestado en Colombia y solicitado en extradición por Estados Unidos, y Juan José de la Cruz Morales (conocido como Wander, Wandy y/o W), arrestado durante los operativos en el país y quien enfrenta cargos formales en tribunales de EE. UU.
Operación Larva
También en octubre del 2021, fue desmantelada una supuesta estructura de narcotráfico y lavado de activos con la Operación Larva.
El caso se encuentra en apertura a juicio contra los procesados Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Ramón Eduardo Piña Reyes, así como a las cinco personas jurídicas.
Caso Discovery
La Operación Discovery puso al descubierto una estructura que alegadamente operaba centros fantasmas disfrazados de call centers.
Según la acusación del Ministerio Público, los imputados investigaban y contactaban a miles de víctimas en Estados Unidos, utilizando diversos medios electrónicos para cometer estafa y extorsión con el objetivo de apropiarse de altas sumas de dinero.
El operativo donde desmantelaron la supuesta estructura criminal fue puesto en marcha en marzo del 2022.
La presunta red era encabezada por Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari).
- Los imputados en el caso cumplen medidas de coerción.
Operación Frontera
La Operación Frontera fue puesta en marcha en febrero del 2023. Según las autoridades, los integrantes de la red desarticulada en la investigación bajo el nombre Operación Frontera cobraban a ciudadanos haitianos entre 4,500 y 8,000 pesos, para cruzarlos hacia el territorio dominicano.
