La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, expresó su profunda preocupación sobre el creciente problema de las estafas inmobiliarias en la República Dominicana, al afirmar que la situación es cada vez más alarmante. Durante su participación en el programa «Esta Noche Mariasela», la magistrada dejó claro que, aunque las autoridades están haciendo esfuerzos por abordar este fenómeno, lo más grave es la falta de consecuencias legales contundentes para los responsables.
Ramos, visiblemente afectada por los casos de estafas, destacó que una de las principales deficiencias del sistema judicial es que las penas para los estafadores inmobiliarios son sorprendentemente bajas. Según la fiscal, «la pena en estos casos es muy irrisoria, apenas de dos años», lo que contribuye a la impunidad que, según ella, reina en este tipo de delitos. Este castigo tan leve es, en su opinión, uno de los motivos por los que los estafadores inmobiliarios continúan operando sin temor a consecuencias graves.
La indignación de muchas víctimas que han sido despojadas de sus ahorros de toda la vida con la promesa de viviendas que nunca llegaron, se refleja en las palabras de la fiscal. Muchas de estas personas han depositado toda su confianza en los proyectos inmobiliarios, solo para descubrir que han sido víctimas de fraudes que afectan profundamente su estabilidad económica y emocional.
Además, la fiscal mencionó la necesidad urgente de revisar las leyes relacionadas con el fraude inmobiliario y la violencia económica que genera este tipo de estafas, proponiendo que las penas sean más severas para quienes explotan la confianza de los ciudadanos a través de la venta ilegal de propiedades o proyectos fantasmas.
Este llamado de atención no solo hace eco de la frustración de las personas afectadas, sino también de los esfuerzos por parte de juristas y legisladores que abogan por reformas legales que aumenten las sanciones para quienes se aprovechan de la necesidad de vivienda de los dominicanos. Sin una reforma legal profunda, la fiscal Ramos advirtió que el ciclo de fraude e impunidad podría continuar, lo que seguiría afectando la credibilidad del sector inmobiliario en el país.
A su vez, en su intervención, hizo énfasis en la importancia de educar a la población sobre los riesgos de invertir en proyectos sin la debida verificación legal, y la necesidad de que los ciudadanos exijan mayores garantías a los promotores y desarrolladores inmobiliarios. La fiscal también subrayó el rol crucial de la cooperación entre las autoridades y la ciudadanía en la lucha contra las estafas inmobiliarias.
En resumen, la fiscal Rosalba Ramos hizo un llamado a la acción, solicitando no solo reformas legales, sino también una mayor vigilancia por parte de las autoridades competentes para proteger los derechos de los consumidores y garantizar justicia a quienes han sido víctimas de este tipo de estafas.
