El gobierno de Estados Unidos planea confiscar un segundo avión perteneciente al régimen de Nicolás Maduro que actualmente se encuentra en la República Dominicana. El secretario de Estado, Marco Rubio, tiene la intención de anunciar la incautación durante su visita a Santo Domingo, la última parada de su gira por cinco naciones de América Central. Para llevar a cabo la incautación, Rubio firmó una solicitud de exención de congelación de ayuda extranjera para cubrir más de $230,000 en gastos de almacenamiento y mantenimiento, y obtuvo la aprobación del Departamento de Justicia. El avión en cuestión es un Dassault Falcon 200 que ha sido utilizado por Maduro y sus principales asesores para viajar a diversos países, incluyendo Grecia, Turquía, Rusia y Cuba, en lo que Washington considera violaciones a las sanciones estadounidenses. Esta acción se produce una semana después de que el enviado especial de Trump, Richard Grenell, visitara Caracas y se reuniera con Maduro para discutir la repatriación de venezolanos que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. En septiembre de 2024, Estados Unidos ya había incautado otro avión de Maduro en la República Dominicana.
El gobierno de Trump planea confiscar un segundo avión perteneciente al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro que se encuentra actualmente en República Dominicana.
El secretario de Estado, Marco Rubio, tiene la intención de anunciar la incautación el jueves durante una visita a Santo Domingo, la última parada de su gira por cinco naciones de América Central, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto y un documento del Departamento de Estado obtenido por The Associated Press.
Para llevar a cabo la incautación, Rubio tuvo que firmar una solicitud de exención de la congelación de la ayuda extranjera para pagar más de 230,000 dólares en gastos de almacenamiento y mantenimiento. También requirió la aprobación del Departamento de Justicia.
Esa solicitud de exención, presentada a principios de la semana pasada, ha sido aprobada y se espera que Rubio haga el anuncio en lo que el Departamento de Estado ha descrito públicamente como sólo un «compromiso de aplicación de la ley».
