Abel Martínez, exalcalde de Santiago y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha exigido al Gobierno de la República Dominicana suspender la política de asistencia médica gratuita para extranjeros indocumentados. Martínez cuestionó la asignación de recursos públicos a personas que, según él, no cumplen con las normativas migratorias del país, y pidió que los servicios de salud sean exclusivamente para los ciudadanos dominicanos.
En declaraciones recientes, Martínez expresó: «Los recursos del sistema de salud pública deben ser destinados a los dominicanos, quienes son los que pagan impuestos y sostienen el país. No es justo que, en medio de una crisis económica y de salud, el Gobierno siga brindando atención médica gratuita a los extranjeros que se encuentran en situación irregular.»
Martínez destacó que, si bien el país debe seguir cumpliendo con sus compromisos internacionales de respeto a los derechos humanos, es esencial que las políticas públicas estén orientadas a proteger a los nacionales. Según el exalcalde, el sistema de salud enfrenta desafíos críticos y es necesario optimizar los recursos disponibles para los ciudadanos dominicanos, especialmente en áreas rurales y zonas de alta vulnerabilidad.
“Debemos velar por el bienestar de nuestra gente antes que nada. El sistema de salud se encuentra colapsado en varias regiones, y no podemos seguir priorizando a quienes no contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos”, afirmó Martínez.
El tema de la asistencia médica a los migrantes ha sido un punto de debate en el país durante los últimos años. El gobierno ha defendido la atención a extranjeros, incluyendo a aquellos en situación irregular, como una medida humanitaria y en cumplimiento con compromisos internacionales, especialmente en el marco de la atención a la salud pública global.
Sin embargo, muchos sectores de la sociedad, como el encabezado por Martínez, han manifestado su desacuerdo, argumentando que la política está contribuyendo a la sobrecarga del sistema de salud, sin que exista un mecanismo claro para regular la atención a los migrantes.
El llamado de Martínez ha generado una variedad de reacciones. Sectores del oficialismo defienden la medida, mientras que organizaciones de derechos humanos instan a no hacer distinciones en el acceso a la salud, independientemente del estatus migratorio.
La controversia persiste y es probable que el tema se mantenga como un punto clave en los debates públicos, especialmente en el contexto de las próximas elecciones. Se espera que el gobierno emita una declaración oficial para aclarar su postura sobre el tema, mientras que Martínez sigue defendiendo la necesidad de priorizar los recursos para los ciudadanos dominicanos en este momento crítico.
