El Gobierno de Venezuela rechazó las sanciones impuestas ayer por Estados Unidos contra 21 cargos chavistas -a los que Caracas llama «patriotas»-, y aseguró que el país «jamás podrá ser doblegado» por el norteamericano, que acusó al grupo sancionado de «represión» y de intentar «robar» los comicios de julio, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador.
El Ejecutivo venezolano expresó que las «medidas coercitivas unilaterales» anunciadas contra un «grupo de patriotas» representan un «acto desesperado de un Gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país» norteamericano.
«Estas medidas no promueven la democracia en Venezuela, sino que buscan dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana, para prolongar así su fracasada política de cambio de régimen», dijo.
El Gobierno chavista reiteró que, hace casi cuatro meses, obtuvo una «gran victoria popular» en las elecciones, cuyos resultados aún no han sido publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de manera desglosada, como marca su propio cronograma, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, incluso aliados como Colombia y Brasil.
Entretanto, la oposición mayoritaria -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- denuncia fraude y reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.
Dentro de la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro está el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa.
