Diversos gremios profesionales de la República Dominicana han expresado su firme oposición a un proyecto de ley que otorga al Tribunal Superior Electoral (TSE) la competencia para supervisar y regular las actividades internas de sus asociaciones. La propuesta, que actualmente está siendo evaluada por el Congreso, ha generado controversia debido a la preocupación de que podría vulnerar la autonomía de los gremios y abrir la puerta a una posible politización de las organizaciones profesionales.
La ley en cuestión busca otorgar al TSE la autoridad para supervisar las elecciones internas de los gremios, así como intervenir en otros aspectos administrativos de las organizaciones. Según sus defensores, la medida tiene como objetivo garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos internos de estos grupos, especialmente en lo relacionado con la elección de sus directivos. Sin embargo, los opositores argumentan que esta supervisión podría poner en riesgo la independencia de los gremios y permitir una injerencia externa en sus decisiones internas.
«Esta ley pone en peligro la autonomía de nuestros gremios y nos preocupa que se utilice con fines políticos,» afirmó Juan Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Abogados, durante una rueda de prensa convocada por varios grupos profesionales para rechazar la propuesta. Según Pérez, la supervisión del TSE podría abrir la puerta a que las elecciones internas de los gremios sean manipuladas por intereses políticos, lo que comprometería su independencia.
El rechazo a la ley no se limita solo a abogados, sino que también ha sido respaldado por otros gremios como los de médicos, ingenieros, arquitectos y periodistas, quienes han manifestado preocupaciones similares. Para los gremios, esta reforma representaría una intervención innecesaria en un ámbito que, aseguran, debe regirse por sus propias normas y principios, sin la influencia de factores externos.
Por su parte, algunos legisladores que apoyan el proyecto argumentan que la medida busca fortalecer la democracia y la transparencia en las elecciones de los gremios, especialmente en aquellos que manejan fondos públicos o tienen un rol importante en la sociedad. «Queremos asegurar que las elecciones internas sean claras y legales, y que no haya lugar para prácticas irregulares,» comentó Carlos Martínez, diputado y uno de los principales promotores de la ley.
El proyecto de ley está actualmente en debate en el Congreso, y se espera que en las próximas semanas se realicen más audiencias para escuchar las posiciones de los gremios y otros actores involucrados. Mientras tanto, los grupos profesionales continúan movilizándose para pedir que se modifique el alcance de la ley y se respete la autonomía de las organizaciones gremiales.
El rechazo generalizado a la iniciativa refleja la tensión entre la búsqueda de transparencia en la gestión de los gremios y la defensa de sus derechos a la autonomía organizativa, un tema que sigue siendo objeto de intenso debate en la sociedad dominicana.
